Efe, Bruselas

El Tribunal de la UE consideró ayer injustificadas las restricciones que afrontan las empresas públicas que desean entrar en el sector energético español y condenó a España por no haber modificado, como le solicitó la Comisión Europea, la conocida como ley Rato. Así las cosas, la decisión del Tribunal comunitario aumenta las posibilidades de la francesa EDF de comprar la eléctrica española Iberdrola.

Los jueces europeos dictaminaron que la norma de 2003, que modificó otra legislación anterior de 1999, promulgada cuando era responsable de Economía Rodrigo Rato y ante los planes del grupo público francés EDF por entrar en la española Hidrocantábrico, vulnera el principio comunitario de libre circulación de capitales.

La norma establece que cuando una empresa estatal adquiera una participación significativa (más del 3% del capital de una compañía energética española sus derechos de voto estarán condicionados a la autorización del Consejo de Ministros. Aunque la disputa entre Madrid y Bruselas por esta cuestión viene de 1999, la sentencia de ayer tiene especial relevancia dado el interés manifiesto de EDF por entrar en el capital de la española Iberdrola.

Tras conocer el fallo judicial, el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, señaló que el Gobierno tomará las "decisiones pertinentes" para dar cumplimiento a la sentencia.

Desde la Comisión Europea, el responsable de Mercado Interior, Charlie McCreevy, dejó claro que a Bruselas sólo le preocupa que los estados miembros respeten la normativa y no el modelo organizativo de su sector energético.

Si los países optan por la liberalización y aplican las reglas comunitarias, no importa que las empresas sean públicas o privadas, recalcó el comisario, quien indicó que, en caso contrario, "tenemos que intervenir".

Bruselas ya dictaminó que la primera redacción del texto de la ley Rato, de 1999, era contraria a la normativa comunitaria y solicitó a España su retirada. Tras una sentencia de 2003, el Gobierno aceptó modificarla, pero la Comisión consideró que los cambios no acataban plenamente el fallo judicial.