Quien la hace, la paga, vino a decir ayer el ministro Luis de Guindos. El titular de Economía estuvo el lunes en Valencia con el presidente Alberto Fabra, pero no fue hasta ayer, a preguntas de la Cope, cuando desveló que la condena revelada en exclusiva por Levante-EMV de la Comisión Europea a España por el falseamiento del déficit en que incurrió el Consell entre 1988 y 2011 comportará una multa de casi 19 millones. No solo eso, sino que añadió que esa sanción «por supuesto no la va a pagar el Estado». «La tiene que pagar quien la tiene que pagar, que es quien ha cometido el error», aseveró, en referencia a la C. Valenciana.
El ministro añadió que el caso de la ocultación de facturas de Sanidad por parte del Consell, una práctica que se convirtió en «sistemática» según la UE a partir de los 2000 (etapa Zaplana-Camps), cuando superaba los mil millones anuales, se «corrigió» a partir de 2012. La sanción es, con todo, moral, ya que la UE podía imponer hasta el 0,2 % del PIB, 2.000 millones. El colegio de comisarios debatió ayer la multa y se aprobará hoy formalmente. Debe ser ratificada por el Ecofin (los ministros de Economía de la UE) el 19 de junio. Tras las palabras de De Guindos, salió a la palestra el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues. Lo hizo para, con diplomacia, tapar la boca al ministro.
Recurso al Tribunal de Justicia
Moragues, tras constatar que la sanción aún no está impuesta y que, si la aprueba el Ecofin, la recurrirán al Tribunal de Justicia de la UE, remarcó que la multa, que calificó de «anecdótica», sería al Reino de España, ya que es «a quien se le ha abierto el expediente sancionador porque las cifras de déficit no son de la C. Valenciana sino de todo el Reino de España». Destacó que fue el Consell de Fabra «el que informó a Eurostat de esta posible mala política contable» y que con Fabra «esta mala praxis contable se ha solucionado» y ya «no hay facturas en los cajones». Se trata de una cuestión «meramente contable, imputable a la Intervención de la Generalitat», dijo.
Desde el Consell se señaló que la Intervención General del Estado (IGAE), bajo gobierno de Zapatero, no cumplió con su labor de supervisión ya que los datos eran conocidos también por el Tribunal de Cuentas. El Gobierno central sí abonó otra sanción de 30 millones impuesta también por la UE al País Vasco por sus «vacaciones fiscales».
Antes incluso que Moragues, el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Ximo Puig, cerró filas con el Consell en este asunto. «La multa la debe pagar el Gobierno», subrayó. No obstante, censuró que lo que hizo el Consell «es lo mismo que el Gobierno griego» y avanzó que, cuando llegue a la Generalitat, encargará a la Sindicatura «una auditoría pública para que todo el mundo sepa dónde nos movemos». La eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero asestó: «Es vergonzoso que la primera sanción que la CE vaya a imponer por manipulación de cuentas públicas sea a la C. Valenciana».
«Zaplana y Camps, de su bolsillo»
«La multa la tienen que pagar de sus bolsillos quienes han falseado las cuentas, quienes las han auditado y quienes han permitido ese fraude», enfatizó Enric Morera (Compromís). «Zaplana, Camps y Fabra deberían pagar de su bolsillo la sanción por haber hecho trampas con las facturas de sanidad», insistió la eurodiputada de EU, Marina Albiol. Y Alicia Andújar (UPyD) se lamentó de que con esos 19 millones «se pagaría la asistencia jurídica gratuita a los valencianos sin recursos durante un año».
