El grupo popular en las Corts ha registrado más de 800 enmiendas al primer presupuesto de la Generalitat del bipartito para corregir un presupuesto que considera irreal por la inclusión de 1.300 millones en concepto de la nueva financiación. El paquete de correcciones no se ha limitado a ajustes entre las partidas de las conselleries. Hay varias enmiendas que, de prosperar, tendrían un impacto en los ingresos de la Generalitat, al tiempo que supondría un alivio para los bolsillos de quienes más propiedades acumulan.

Y es que el PP no está de acuerdo con el aumento del Impuesto de Patrimonio reflejado en los presupuestos y ha planteado una enmienda para anular esta medida que, según los datos del Consell, ampliaría el año que viene en 1.832 el número de contribuyentes obligados a pagar este impuesto.

Los presupuestos de 2016 recogen un incremento de 11 millones de euros en la recaudación del impuesto de Patrimonio como consecuencia de dos cambios introducidos por el Consell: la rebaja de 700.000 a 600.000 euros la cuantía del mínimo exento de este impuesto que grava las grandes fortunas y el incremento de los tipos de gravamen en un porcentaje de en torno el 25%.

Los populares, sin embargo, no comparten que se aumente la presión fiscal y han planteado una corrección en articulado de la ley para que se mantengan las ventajas fiscales. Así, proponen que el ahorro fiscal a través de los tributos propios ascienda a 3.726 millones y no se quede en 3.715 millones. El Consell quiere un ahorro de 136 millones en Patrimonio y el PPCV lo quiere ampliar 147, es decir.

Esta propuesta supondría una minoración en los ingresos, una anécdota si se compara con las otras enmiendas del grupo que para dar de baja 1.354 millones, es decir, los ingresos que el Gobierno de Ximo Puig espera conseguir del Gobierno central si se aviene a mejorar la financiación.

El PPCV ha denunciado públicamente lo que considera una artimaña del Consell para cuadrar de forma tramposa los presupuestos y cumplir el déficit del 0,3%. Es en realidad una estrategia similar a la que acudió el Consell de Fabra para cuadrar sus últimos presupuestos y que Compromís llevó a los tribunales. La Autoridad Fiscal Independiente acaba de sacar los colores al Consell al cuestionar esta partida que ve «no segura».

Pero el PP ha decidido ir más allá de su denuncia política y pedir técnicamente su anulación. La renuncia a este dinero no sólo tiene lectura política: descuadra unas cuentas que se cerrarían con un 1,6%. El caso es que estas enmiendas ni siquiera se tramitarán. El reglamento de las Corts obliga a la Mesa a remitirlas al Consell para que informe de forma favorable y desfavorable. Y la respuesta es no, ya que el PP no ha justificado sus propuestas ni aclarado dónde recortar para asumir la brutal reducción de ingresos en 2016.