El juzgado de instrucción central número 5 de la Audiencia Nacional comenzó a investigar en 2009 el caso Gürtel, que «salpicó» a la Comunitat Valenciana en seis piezas separadas. Seis años después la mayoría de estas investigaciones vuelven a la Audiencia Nacional para ser juzgadas o acabar de investigarse, porque los políticos imputados en ellas ya no están aforados.

De esta manera, sólo los presuntos amaños de la trama Gürtel con la Conselleria de Turismo (con dos ex conselleras en el banquillo de los acusados) que ya se juzgan en el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) hasta marzo, finalizarán su trayecto judicial en la Comunitat Valenciana. El resto será competencia de la Audiencia Nacional.

La única pieza que sigue abierta es la que investigaba la presunta adjudicación a una empresa pantalla de la trama Gürtel (Teconsa) de las pantallas, la megafonía y el sonido de la visita del Papa en 2006 por directivos de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). El TSJCV decidió en marzo inhibirse a favor de la Audiencia Nacional, al perder el imputado Juan Cotino su condición de aforado. El ex director general de RTVV, Pedro García y la Fiscalía recurrieron esta decisión, aunque por distintos motivos. García pretendía que la causa recayera en un juzgado ordinario (el de Paterna). Y la Fiscalía que la pieza finalizara y se juzgara en el TSJCV o, en su caso, volviera a la Audiencia Nacional, que es lo que ha decidido el Supremo. Pedro García deberá pagar las costas del recurso ante el alto tribunal.

Respecto a las piezas 1, 2 y 6 que juzgaban el presunto delito electoral y falsedad documental del PP en las elecciones de 2007 y 2008, además de infracciones fiscales de Orange Market, los empresarios imputados en las causas (Enrique Ortiz, Vicente Cotino Escrivà, los hermanos Martínez Berna, Gabriel Batalla y Enrique Gimeno) recurrieron para que la causa se derivara a la jurisdicción ordinaria, tras la pérdida de aforamiento de los imputados Vicente Rambla, David Serra, Ricardo Costa y Yolanda García. El Supremo rechaza el recurso de los empresarios y les obliga a pagar las costas.