La empresa que presenta la oferta económica más barata, se lleva la adjudicación. Son residencias y centros de día públicos, gestionados por empresas privadas que, cuando optan al concurso, presentan fuertes bajadas en las ofertas económicas que llegan hasta el 18 % , algo que «pone en peligro la calidad del servicio».
Así lo denunció ayer la patronal y los sindicatos en la presentación de un catálogo para «mejorar la licitación pública de la gestión integral de servicios de atención a las personas». El objetivo no es otro que «evitar que los concursos de estos servicios se conviertan en subastas». Por ello, lo presentaron a diez días de las elecciones, en aras de conseguir compromisos en firme y una respuesta rápida.
El director general de Aerte (Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a personas dependientes de la Comunitat Valenciana), José María Toro, y los responsables de UGT y CC OO, Miguel Usó y Alfonso Valero explicaron ayer que estas licitaciones suponen 250.000 millones para las arcas de la Generalitat cada cuatro años y dan empleo a unos 5.000 trabajadores en la Comunitat Valenciana. El sector, sin embargo, tiene pendiente de cobro un total de 80 millones que Toro confía que se les abone el 15 de diciembre con el FLA.
El documento se entregó ayer en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para que se establezca un nuevo sistema de licitación con criterios «objetivos» y «claros». El problema es que «las bajadas temerarias» que se están produciendo en estos concursos pueden «acabar repercutiendo tanto en la calidad del servicio de atención como en las condiciones de empleo y trabajo de la plantilla».
De hecho, el director de Aerte explicó que el coste del personal supone un 80% de la oferta económica. Es más, un estudio realizado por la patronal releva que estas ofertas temerarias dejan siete euros por plaza día para atender a todos los demás gastos corrientes restantes, como comida, luz o transportes.
