12 de diciembre de 2015
12.12.2015

Reforma judicial

12.12.2015 | 01:48

El 3 de diciembre de 1986 empecé a ejercer como abogada. Desde esa fecha hasta hoy han pasado muchos presidentes de gobierno. Ninguno de ellos ha tenido el valor de acometer en profundidad una reforma de la Justicia. Se ha legislado a golpe de telediario. Se ha politizado el Consejo General del Poder Judicial hasta decir basta. El Tribunal Constitucional, en el que yo creía cuando empecé, hoy está al dictado de los partidos. Y lo digo, como decimos los abogados y abogadas, «con el debido respeto y en el ejercicio legítimo del derecho de defensa».

Diecisiete sistemas distintos

Tenemos diecisiete sistemas distintos de gestionar la Justicia. Y así nos va. Dependiendo ya no solo de la Comunidad Autónoma en la que tengamos que acudir a los Tribunales, sino de los distintos partidos judiciales, tenemos Justicia de primera, de segunda, de tercera? Y no lo digo yo, lo dicen todos los operadores jurídicos. ¿Y qué podemos hacer para solucionarlo? Desde Unión Progreso y Democracia queremos dar un paso adelante para que la Justicia sea, además de igual para todos, de calidad. Queremos dar respuesta a las demandas de los ciudadanos.

Cansados estamos de leyes que se dictan sin dotación presupuestaria. Lo que conlleva un grave perjuicio para los ciudadanos, a pesar de los esfuerzos que hacemos por sacarlas adelante.

Como muestra un botón. Recientemente ha entrado en vigor el Estatuto de la Victima, y el Gobierno del Partido Popular, sin pestañear, ha establecido que las medidas de dicha ley «no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones ni de otros gastos de personal». Increíble, ¿no? Pues así es. La leyes, en el papel, quedan muy bonitas, pero la realidad es muy distinta.

Soluciones en Justicia

UPYD es el único partido político que ofrece soluciones a la Justicia. Empezamos por solicitar que las competencias en esta materia sean devueltas al Estado. Queremos despolitizar el Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Más inversiones en Justicia. Y, por supuesto, derogación de todas las tasas judiciales.

Por cierto, dijo un Ministro de Justicia del Partido Popular que las tasas se destinarían a pagar dignamente a los abogados de oficio. Soy abogada de oficio. Seguimos sin cobrar desde hace ya mucho tiempo y muchas de nuestras actuaciones las hacemos gratis. Y ya no creo que ese dinero vaya a parar a los abogados de oficio.

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