El grupo parlamentario del PSPV-PSOE ha dado definitivamente marcha atrás en su pretensión de que los funcionarios que sean nombrados alto cargo del Consell puedan mantener su retribución a través de una serie de complementos si ésta es mayor que la percibirían en su nuevo cargo. El propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, impulsaba la propuesta porque considera que no es razonable que alguien que asume más responsabilidad cobre menos.

Pero el PSPV no ha encontrado apoyos suficientes en las Corts para sacar adelante su propuesta. Compromís no ha aceptado abrir el debate de los sueldos de los cargos públicos en plena campaña electoral. La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, ya aseguró hace unas semanas que los consellers y altos cargos de la Generalitat estaban muy satisfechos con sus percepciones, por lo que ya dejó entrever que no apoyarían la iniciativa de los socialistas. El propio Puig había abierto ya la puerta a renunciar a la enmienda de sueldos si no se alcanzaba el consenso en la Cámara, como ha ocurrido.

Puig ya matizó entonces que si no se aprobaba la enmienda «no pasaba nada», porque «ésta no es una medida fundamental para el Gobierno valenciano, ni de lejos», remarcó. La medida estaba pensada sobre todo para los directores generales que anteriormente eran funcionarios y perdían dinero con el salto al Consell, aunque para la Generalitat no suponía más coste, indicó.

Finalmente, la comisión de Economía aprobó de las Corts aprobó ayer 26 enmiendas, aunque ninguna de ellas del PP. Los tres partidos que sustentan al Consell, PSPV, Compromís y Podemos, unieron sus votos para suprimir la retribución variable de altos cargos en función del cumplimiento de objetivos. «En el sueldo que tiene un alto cargo ya están dentro las funciones y los objetivos que tiene que conseguir», aseguró la diputada socialista Ana Barceló

Impuesto del Patrimonio

Además, tres formaciones, Partido Popular, Ciudadanos y Podemos, han presentado enmiendas a la ley de acompañamientos contra la decisión de la Generalitat de rebajar de 700.000 a 600.000 euros la cuantía del mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio y de crear una tarifa propia en este tributo. El PP planteaba dejarlo como estaba, mientras que Podemos pedía bajarlo a 400.000 euros y Ciudadanos proponía ampliar el mínimo exento al millón de euros. Finalmente, las tres propuestas quedaron rechazadas en la comisión.