La Junta Electoral de Zona ha estimado que el acto con alcaldes que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, realizó el pasado miércoles en el centro de Turismo del Grao de Castelló «vulneraría» el artículo 50.2 de la Ley Electoral porque «supone alusiones a realizaciones o logros de la institución». De este modo, la Junta prohíbe a la Generalitat «que realice tales actos hasta la finalización del periodo electoral».
En ese evento, Puig anunció que el Gobierno valenciano dotará con 4,75 millones de euros el programa de subvenciones destinadas a cubrir los gastos corrientes de funcionamiento de los ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes en la provincia de Castelló.
La Generalitat defendió ayer que el acto de Puig con los alcaldes no tenía intencionalidad electoral.
La resolución llega tras una denuncia del PP. La Abogacía de la Generalitat puso ayer de manifiesto que el escrito de la Junta no se acompañaba de la reclamación formulada por el PP, lo que provoca «indefensión» al no conocer los motivos exactos por los que se presenta, aseguraron. Además, apuntaron que debe notificarse la reclamación antes de la apertura del plazo de alegaciones.
Por otra parte, señala que «no cabe duda alguna sobre la inexistencia de intencionalidad electoral alguna respecto de un acto de información dirigido a todos los alcaldes de los municipios de menos de 3.000 habitantes de la provincia, con independencia de la filiación política».
Alcaldes «de todos los colores»
Insiste en que estaban presentes alcaldes «de todos los colores», que estaba «previamente convocado», «sin que el acto implicara difusión alguna de los logros obtenidos».
La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, señaló ayer que la Junta Electoral esté prohibiendo actos del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, «los que venían a darnos lecciones de democracia y transparencia». No obstante, Bonig calificó de «más grave» la retirada del vídeo «Orgull de ser valencians» a petición de la Junta, que «nos costó 34.000 euros», matizó.
