10 de junio de 2016
10.06.2016

Lo que se ha cumplido y lo que no del pacto del Botànic

Tras un año de gobierno «del cambio», se han acometido la mayoría de puntos que recogía el acuerdo, aunque algunos aspectos cruciales como una ley de educación están aún pendientes

10.06.2016 | 11:27
Lo que se ha cumplido y lo que no del pacto del Botànic

Dieciocho días tardó la izquierda en colocar la primera piedra de un gobierno histórico tras 20 años de hegemonía del Partido Popular en la Comunitat Valenciana. Como todos los elementos fundacionales relevantes, recibió un nombre. Fue bautizado como Acord del Botànic, ya que fue en ese jardín de la capital valenciana donde se rubricó el pacto sobre el que crecerían las políticas del nuevo Consell «del canvi». Exactamente 364 días después de aquella simbólica foto, parece que el Ejecutivo ha cumplido.

El 86,6 % de los puntos que se recogían en aquel documento, cuyo nombre repiten como un mantra los miembros y portavoces del gobierno valenciano cada vez que se anuncia alguna nueva medida, se han ejecutado o están en trámite. En concreto, de los 45 puntos que contiene el acuerdo, se han aprobado o están en marcha 19, mientras que otros 20 están en proceso de elaboración o de aprobación por parte de las Corts. Seis todavía no se han abordado.

Entre las medidas que ya se han acometido se encuentran, en su mayoría, las del apartado 1, «Rescate de personas». Se han llevado a cabo cinco de las siete medidas propuestas. En diciembre de 2015, por ejemplo, el Consell aprobó 3,7 millones de euros a ayudas para impedir el corte del suministro de electricidad, gas y agua y garantizar este servicio a unas 50.000 familias en situación de vulnerabilidad. En agosto fueron aprobadas becas de comedor escolar para alumnos también fuera del calendario escolar y en septiembre entró en vigor Xarxa Llibres, el programa a través del cual se garantiza el acceso a los libros de texto de todos los alumnos.

El apartado que parece que cuesta más es el de «Regeneración democrática y lucha contra la corrupción»: solo se han consumado dos de los ejes propuestos, aunque están en trámite otros ocho. Entre estos últimos se encuentra aprobar una nueva ley valenciana de Transparencia; profesionalizar los órganos de control de la gestión pública y del Consell Jurídic Consultiu; reformar la ley electoral para bajar el umbral al 3 % (esto hubiera impedido que Esquerra Unida se quedara fuera de las Corts); crear una oficina de lucha contra el fraude; evitar puertas giratorias; mejorar los procedimientos de contratación públicos; reducir los gastos superfluos y reforzar le papel de los ayuntamientos.

Pendientes de una nueva RTVV
En la tercera sección del pacto Botànic el balance resulta positivo. Se ha logrado sacar adelante seis puntos del acuerdo, cinco están en tramitación y quedan pendientes dos. Todavía no existe una ley valenciana de Educación, pero sí se ha logrado reduric progresivamente la ratio en las diferentes etapas educativas (en los primeros cursos de cada ciclo menos en primaria). También se ha presentado un calendario de eliminación de los barracones y se han acordado medidas para paliar la aplicación de la Lomce, como la sustitución de la reválida por los informes.

También se encuentra en trámite la polémica ley de la nueva Radio y Televisión Valenciana, que debe ser aprobada en teoría el próximo 20 de julio.

En cuanto al punto cuarto del acuerdo, «Nuevo modelo productivo», queda bastante por hacer. Hay cinco puntos en trámite y cuatro que ni siquiera han empezado a ver la luz. Se trata del diseño de un modelo de cajas de ahorro no bancarizadas, la creación de cooperativas de crédito local, los incentivos fiscales para estimular la creación de empresas, revertir el proceso de precarización y un plan específico de fomento del cooperativismo.

Donde sí que se ha puesto las pilas en nuevo Consell, aunque sin los frutos que esperaba, es en quinto y último punto, el de la financiación justa. Se le ha exigido al Estado el reconocimiento de la deuda histórica, pero todavía no se ha avanzado lo suficiente en una auditoría ciudadana y en la creación de una Agencia Tributaria propia.

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