La Junta Electoral de Zona de Valencia ha abierto expediente informativo para dilucidar si un acto celebrado el pasado jueves en el Palau de la Generalitat en el que participó el president, Ximo Puig, con responsables sindicales vulneró la Ley Orgánica de Régimen Electoral.

Según consta en la documentación facilitada hoy por el PP, este expediente tiene su origen en una reclamación presentada por este partido en la que se solicitaba la prohibición de ese acto y de la posterior rueda de prensa, que finalmente se celebró.

El acto denunciado consistió en la escenificación de la firma del pacto de la Mesa de Función Pública en el que se rubricó el acuerdo de legislatura alcanzado entre el Gobierno valenciano y los sindicatos sobre las condiciones del personal funcionario, estatutario y laboral de la Generalitat, al que acudieron representantes del UGT, STEPV, CCOO y FSES.

En su reclamación, el PP indicó que la firma del citado acuerdo, "aunque se considera una actividad normal de la Administración, no precisa de un acto protocolario, de marcado carácter político, ni de la posterior rueda de prensa, pues supone una campaña de logros, prohibida expresamente".

"Consideramos que la junta electoral debe prohibir la realización del acto por innecesario y tendente a ensalzar la firma como un logro obtenido por las autoridades que intervienen. También debe prohibirse la posterior rueda de prensa porque contendrá alusiones a las realizaciones o logros obtenidos, en particular, de los de Puig", según consta en la reclamación del PP.

Un día después, el 10 de junio, la directora general de la Abogacía de la Generalitat remitió a la junta electoral varias alegaciones basadas en que el citado acto "responde a una actuación ordinaria y no formaba parte de un acto de campaña", por lo que "no cabe duda sobre la inexistencia de intencionalidad electoral".

"Ni el president de la Generalitat es candidato electoral, ni se trata de unas elecciones autonómicas, ni el contenido del acto supone alusiones a realizaciones o logros de la institución, por lo que no tiene sentido prohibición alguna del normal funcionamiento de las instituciones", agregó la Abogacía.

Asimismo, se insistió en que el acto denunciado por el PP "estaba previamente programado, como otros similares, en el marco del proceder ordinario de una administración que no puede paralizarse por la celebración de unas elecciones", en referencia a las generales del próximo día 26.

"Durante más de dos meses se ha ido negociando un acuerdo marco para la negociación colectiva en el ámbito de las personas al servicio de la Generalitat, y fruto de esas negociaciones estaba prevista la firma definitiva", según se recoge en el escrito de alegaciones de la Generalitat.

Por último, la Abogacía señala que "la repercusión en los medios de comunicación que pueda derivar de esta actividad se enmarca en la libertad de expresión de dichos medios, amparada por la Constitución".

Al respecto, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha recordado hoy que la Junta Electoral de Zona de Valencia acordó el 23 de marzo notificar a la consellera Carmen Montón una sanción de 500 euros por un acto considerado electoralista, al visitar el centro de salud de Xirivella el 17 de diciembre, tres días antes de las elecciones generales, acompañada por altos cargos de su departamento.

A su juicio, los miembros del Consell pueden realizar actos en función de sus cargos al frente de sus respectivas formaciones pero "no pueden utilizar las instituciones para bombo y propaganda".

"Cuidadín que existe reiteración y lo próximo podría ser delito electoral", ha advertido Bonig al Gobierno valenciano.