La cara oculta de Bolonia

Isabel Burdiel

En un texto autobiográfico escrito en 1997, George Steiner calificaba a las universidades de bestias frágiles pero tenaces; instituciones nunca suficientemente dotadas y nunca exentas de ambigüedades ante la necesidad de conciliar el pensamiento independiente con la respuesta a las demandas sociales; la investigación altamente especializada con la docencia y la divulgación. A juzgar por las declaraciones de los gestores educativos, el llamado Proceso de Bolonia pretende crear las condiciones para una renovación profunda de las universidades españolas que les permita ser competitivas internacionalmente y contribuir al necesario cambio de modelo económico que la crisis ha convertido en absolutamente ineludible.
Las movilizaciones estudiantiles de los últimos meses han expresado, a mi juicio, un descontento más difuso pero también más hondo que las consignas contra ese proceso. En todo caso, han abierto una brecha en el muro de las siglas y los acrónimos, de los tantos por cientos y de las comisiones de especialistas, convirtiendo en perentoria la necesidad de explicar socialmente, en términos comprensibles y con la menor cantidad de jerga comunitaria posible, por qué es bueno que España modifique su sistema universitario (el cual ocupa el último lugar en calidad y competitividad entre los países desarrollados) y, sobre todo, por qué se considera que el Plan Bolonia es un buen instrumento para conseguir que profesores y estudiantes abandonemos ese ominoso (pero bastante cómodo) furgón de cola.
De todas esas explicaciones creo que se desprende, al menos en el papel y contra lo que se corea en las manifestaciones y en los encierros, que el nuevo Plan no debe suponer la devaluación de las licenciaturas actuales; hace accesibles y públicos los másteres de especialización que hasta hace poco eran patrimonio de los centros privados; no elimina ni reduce las becas y no guarda relación alguna con una subrepticia privatización de la Universidad. Hasta aquí las cosas están claras. Lo que sigue sin estarlo es cómo se van a crear las condiciones para que los objetivos se cumplan y cómo se va a evitar que se perviertan. Ahorro tecnicismos y voy al grano.
La convergencia con Europa implica profundos cambios en la docencia universitaria, acabando con el modelo clásico de clases magistrales, apuntes y exámenes finales. Un sistema muy cómodo, no sólo para los profesores sino también, como ellos mismos reconocen, para los estudiantes. La renovación requiere clases intensamente participativas y prácticas, con un seguimiento individualizado y continuo, real y ahora también virtual, de las diversas actividades: lecturas, ensayos, presentaciones, manejo de instrumental y recursos informáticos, etc. Pues bien, ese tipo de enseñanza es imposible cuando la mayoría de los profesores españoles, especialmente en las universidades más masificadas, se encargan de una media de tres asignaturas que pueden alcanzar los ochenta alumnos cada una de ellas y, en algunas especialidades, llegar a los doscientos. Una peliculita por aquí, un control de lecturas por allá, una visita a un museo o a un empresa farmacéutica, no es desde luego la renovación docente que promete Bolonia.
El modelo que pretendemos aplicar es un modelo que supone grupos muy reducidos y la existencia (real) de profesores ayudantes que trabajen junto a los profesores titulares en todo el proceso de atención individualizada a los alumnos. Sin embargo, en España y desde el mismo momento en que fueron creados, los profesores ayudantes no ayudan a nadie. Ya hacen bastante con ayudarse a sí mismos y encargarse, desde los inicios de su cada vez más larga y compleja carrera universitaria, de cursos completos, con plena responsabilidad docente. Su ejemplo es uno más de esa capacidad tan nuestra de adoptar el nombre y pervertir la cosa.
Cristina Garmendia, al hacerse cargo del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación (bonito nombre por cierto), aseguró que era necesario establecer de forma clara la trayectoria docente e investigadora para que fuese una trayectoria abierta y transparente, con las certidumbres necesarias para poder seguirla y planificarla individual y colectivamente; afirmó que había que crear las condiciones para hacernos competitivos y respetables, ante la sociedad y ante nosotros mismos; dijo que era necesario dignificar la situación de los universitarios, tanto por lo que respecta a sus condiciones de trabajo como a sus salarios; dijo que era urgente, en suma, conseguir que eso que se llama "quedarse" en la Universidad fuese una opción atractiva para los mejores.
Un escenario fantástico (lo digo sin ironía) porque desde él, y entre otras cosas, se podía exigir a los universitarios, con solvencia y legitimidad, el abandono de esos modos y prácticas (llamémosles "irregulares") que, para vergüenza de casi todos, han socavado su prestigio social hasta extremos desconocidos. En ese escenario podrían establecerse por fin las necesarias condiciones de competencia entre profesores, entre investigadores y entre universidades por atraer recursos y estudiantes; una competencia transparente y basada en el mérito que se encuentra en la raíz del éxito de los sistemas universitarios que tomamos como modelo.
De momento, sin embargo, la sensación dominante en el mundo universitario (más allá de sus animosos gestores y de la retranca habitual de los grupos más inmovilistas) es de desánimo y escepticismo. El riesgo fundamental del proceso de Bolonia no es ni el elitismo ni la subordinación servil a los dictados del mercado sino que todo el asunto se convierta en una nueva burbuja burocrática de las muchas que nos han explotado ya en la cara a los universitarios. La crisis nos ha caído encima otra vez y esa necesidad colectiva de más medios y mejor distribuidos para ofrecer una docencia de calidad (la investigación está ligeramente mejor atendida en los últimos años) corre el riesgo de quedarse en agua de borrajas. Como los profesores somos gente muy fina nunca hablamos de dinero, al menos en público. Así es que nadie comete la grosería de recordar que el sobreesfuerzo que implicaría Bolonia (si se materializa en las condiciones antes señaladas) recaerá sobre los académicos peor pagados de Europa occidental. Perdónenme que abunde en el mal gusto pero, de acuerdo con los pocos estudios que tenemos al respecto, un catedrático español cobra de media casi cinco mil euros mensuales menos que uno británico mientras que un ayudante, o un investigador joven, encuentra su nicho estadístico entre las tablas de lo que en Europa se considera "pobreza legal".
De todas formas hay quien piensa (¡tan maleados estamos!) que ya podemos darnos con un canto en los dientes. Como no hay situación desesperada que no sea susceptible de empeorar, las Comunidades de Madrid y Valencia -ambas gobernadas por el Partido Popular- inauguraron el actual curso académico anunciando un recorte de entre el 25% y 30% en el presupuesto destinado a las universidades públicas. En Valencia, la decisión era algo así como el último acto de ese método de tortura denominado "el submarino" que el gobierno de Francisco Camps practica desde hace años con nuestras universidades, acumulando una deuda de 900 millones de euros y obligando a los rectorados a endeudarse cada vez más para pagar los gastos corrientes.
La escaramuza de octubre en Valencia y en Madrid -donde se encuentran algunas de las universidades más masificadas del país- acabó con los habituales pactos in articulo mortis. Sin embargo, es algo más que un incidente aislado de waterbording. Es una demostración palpable de la fragilidad de la Universidad ante cualquier cambio de coyuntura (política o económica); lo fácil que es dejarla una vez más atrás en las prioridades confiando en su tenacidad para subsistir -tanto para bien como para mal- adaptándose a los cambios de nombres y dejando intacta La Cosa. En 1899, Miguel de Unamuno ya se quejaba de "ese tejer y destejer desde el Ministerio la tela de Penélope de nuestra enseñanza". Más de un siglo después, lo que nos interesa es saber si hay medios y condiciones para que la puesta en práctica del proceso de Bolonia permita que la universidad española salga por fin renovada o, por el contrario, más resabiada y escéptica que nunca.
*Catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia.