Europa Press, Madrid
El Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó ayer al Gobierno español la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 e insta al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a crear una comisión que permita a las familias exhumar e identificar a los desaparecidos, según informó ayer la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Esta decisión se produce dos semanas después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declarase competente para investigar la más de 114.000 desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo, alegando, entre otras cosas, que estos crímenes no han prescrito.
La ONU recomendó al Gobierno español, tras la celebración de la 94 sesión de su Comité para los Derechos Humanos, una serie de medidas relacionadas con los derechos de las familias de los desaparecidos a causa de la represión franquista.
Asimismo, trasladó al Ejecutivo socialista su preocupación por la prevalencia en España de la Ley de Amnistía de 1977 que, según recoge el Comité, iría contra la Convención de Derechos Políticos y Civiles de 1966, que fue ratificada por España el 27 de julio de 1977.
Según informó la Asociación, el Comité recordó al Gobierno que la amnistía en relación con graves violaciones de los derechos humanos "está en contradicción con las disposiciones" de la citada Convención.
Retirada en edificios públicos
Precisamente ayer, el Consejo de Ministros aprobó en su tres nuevos decretos para el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica a través de los cuales las víctimas de la guerra y el franquismo pidan las indemnizaciones, regula la obtención de la nacionalidad española por parte de los brigadistas internacionales y de hijos y nietos de exiliados y fija instrucciones para la retirada de símbolos franquistas en edificios de la Administración General del Estado. En relación con este último asunto, será una Comisión Técnica de expertos creada por el Ministerio de Cultura la que se encargará de se encargará de valorar cada caso y decidir si los objetos tienen valor artístico o interés cultural. Solo los símbolos con valor histórico-artístico y arquitectónico serán indultados y se conservarán.
El acuerdo en el que se fijan los criterios para la retirada de símbolos franquistas se refiere a todos aquellos que se encuentren en un bien propiedad de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos dependientes.
El Acuerdo abarca así escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, según contempla la Ley de la Memoria Histórica.
