Efe, Madrid
El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva que contempla el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.
Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acompañada de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, afirmó que las palabras "derechos, garantías, seguridad y respeto" definen este anteproyecto, que pretende "salvaguardar la dignidad de las mujeres".
La nueva norma sustituye a la actual legislación, vigente desde 1985, y que despenalizaba el aborto en los supuestos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre.
El anteproyecto sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Para ello, plantea la modificación de la Ley de Autonomía del Paciente con el objeto de equiparar el aborto al resto de prestaciones sanitarias, donde la mayoría de edad para decidir se sitúa en dieciséis años.
Según el informe presentado por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se trata de dar coherencia al marco jurídico y evitar intervenciones clandestinas.
La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, para que sea una prestación pública y gratuita y el Estado velará por su cumplimiento a través de la Alta Inspección Sanitaria.
El texto del anteproyecto establece que ninguna mujer podrá ser penada con cárcel por interrumpir su embarazo, aunque Aído insistió que esto no quiere decir que las prácticas ilegales queden impunes.
El anteproyecto debe ahora pasar al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal que deberán emitir su informe preceptivo para que después el Consejo de Ministros, tras las modificaciones que estime oportunas, lo apruebe como Proyecto de Ley y lo enviará al Parlamento para su tramitación.
Al tratarse de una Ley Orgánica, exige del apoyo de la mayoría absoluta de ambas Cámaras.
Los reparos de Barreda
El proyecto de ley que el Gobierno pretende sacar adelante ha suscitado ya numerosas críticas, entre ellas una no esperada, la del presidente socialista de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que ha manifestado que no le parece bien que las menores puedan abortar sin el permiso ni el conocimiento de los padres.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó que le hubiera gustado que en la nueva Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se hubieran puesto plazos a los tres supuestos para abortar, ya que de esta manera no "se producirían auténticos asesinatos" y la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, criticó que la reforma del Gobierno "traslade a la sociedad, y en especial a las más jóvenes, que el aborto es un método anticonceptivo más".