UPyD insta a reformar el sistema de financiación autonómica de forma simple

UPyD ha presentado una iniciativa en el Congreso en la que insta al Gobierno a reformar el sistema de financiación autonómica, para lo que aconseja simplicidad e idénticas reglas para todas las comunidades, evitando la proliferación de fondos especiales que amplían las diferencias.

EFE En la exposición de motivos de la proposición no de ley, UPyD estima que la reforma de la financiación debe realizarse no porque Cataluña lo exija, sino porque el modelo vigente está obsoleto.

En su opinión, el nuevo modelo deberá tener en cuenta el "fortísimo" crecimiento de la población, "fruto de la inmigración extranjera", ya que el actual sistema no los tiene en cuenta, ni el aumento de servicios públicos que suponen.

Alude también a la ley de Dependencia, que implica a las autonomías, que necesitan mayores recursos para financiar las ayudas que prevé.

Por ello, insta al Gobierno a abordar de manera inmediata la reforma del sistema en un marco multilateral entre las diferentes administraciones.

Reclama que haya financiación completa para las competencias autonómicas, tanto en lo referente a la educación, sanidad y asistencia social, como a las relativas a la justicia, las políticas activas de empleo, la seguridad laboral, la cultura, la protección del patrimonio histórico, el turismo, el desarrollo rural, el mantenimiento de las redes de carreteras o ferroviarias autonómicas o el apoyo financiero a las corporaciones locales.

Pide que se eviten los fondos especiales que no favorecen la igualdad entre los ciudadanos, sino que amplían las diferencias y que el sistema trate a todas las regiones por igual, pues la corrección de los desequilibrios territoriales se reserva, según la Constitución, al Fondo de Compensación Interterritorial.

La iniciativa aboga por la limitación de las transferencias de carácter fiscal que pueden dar lugar a una reducción de la progresividad de los impuestos directos o a severos problemas de gestión de la recaudación que redundaría en un aumento del fraude fiscal.

En particular, el IRPF debe mantenerse en su integridad en el ámbito administrativo del Estado y, en el IVA y los Impuestos Especiales, las competencias normativas solo se transferirán en lo que no puede afectar a la unidad del mercado.

Debe prever reglas de actualización del modelo, especialmente en la demanda de los servicios públicos competencia de las comunidades, singularmente los derivados de las variaciones cuantitativas de la población y de sus características demográficas.

UPyD insta a potenciar el papel de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a arbitrar la participación activa de las autonomías en sus órganos rectores, sin que ello implique su descentralización.

En la revisión del sistema, el Gobierno renegociará las metodologías de fijación del cupo vasco y de la aportación de Navarra, para que se subsanen "los elementos espurios que actualmente contienen y que conducen a una subvaloración de la participación de esas comunidades con las cargas financieras del Estado".

También, el Ejecutivo integrará el régimen-fiscal de Canarias dentro del sistema, de manera que los recursos propios de esta comunidad, derivados de sus singularidad fiscal indirecta, se contabilicen dentro del mismo.