Efe, Las Palmas de Gran Canaria
La trama de corrupción municipal y urbanística desmantelada ayer en el Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, dirigida por varios políticos del PIL (Partido de Independientes de Lanzarote), se dedicaba a cobrar comisiones ilegales a empresarios, según la Guardia Civil. La operación policial, bautizada con el nombre de Unión y que se ha extendido a Gran Canaria, se inició a raíz del cobro de una de estas comisiones, de 100.000 euros, que fue interceptada por la Guardia Civil a uno de los intermediarios de la red en el momento de su entrega.
Aunque el Tribunal Superior de Justicia informó por la mañana de la detención de diez personas implicadas en esta trama, la Guardia Civil asegura que los detenidos son nueve, aunque no se descartan más arrestos.
Los arrestados son el líder del PIL, Dimas Martín, quien se encuentra en prisión cumpliendo una condena; su hija Elena Martín, jefa del servicio de contratación del ayuntamiento de Arrecife; el primer teniente del consistorio Ubaldo Becerra (PIL), y el concejal de Urbanisno y Hacienda, José Miguel Rodríguez (PIL).
También fueron detenidos el ingeniero jefe de la oficina técnica municipal, Rafael Arrocha; el ex vicepresidente del Cabildo Segundo Rodríguez (PSC-PSOE), un empresario de Gran Canaria y dos intermediarios.
Un ex presidente del Cabildo
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, entre los detenidos se encuentra un ex presidente del Cabildo de Lanzarote, dos concejales del Ayuntamiento de Arrecife, dos funcionarios del consistorio y varios empresarios. A los detenidos se les imputa delitos contra la Administración Pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio.
En esta operación, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registraron las dependencias del Ayuntamiento de Arrecife y de su Oficina Técnica, una oficina y varios estudios de arquitectura, así como los domicilios de algunos de los detenidos y la celda que ocupa Dimas Martín en la prisión de Tahiche.
Según la Guardia Civil, la investigación ha permitido desarticular "una importante trama organizada" dedicada al cobro de comisiones presuntamente ilegales a empresarios cuyos intereses económicos "dependen en buena medida de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización".