Andalucía aprueba la primera ley española sobre la muerte digna

EFE SEVILLA El gobierno andaluz aprobó ayer el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, una norma pionera en España que regula los derechos de pacientes y deberes de los profesionales sanitarios de los centros públicos y privados. La futura ley regula el "abanico de posibilidades" clínicas para garantizar una muerte diga y minimizar los procesos agónicos, como la limitación del esfuerzo terapéutico, que permite a un paciente no recibir tratamientos artificiales para seguir con vida, o el rechazo al tratamiento, que le faculta a desconectarse de sistemas artificiales.
Según explicó la consejera de Salud, María Jesús Montero, la norma, aprobada con un "gran consenso" social, tiene como "inspiración" casos como el de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) o el de la enferma granadina Inmaculada Echevarría, quien pidió ser desconectada del respirador artificial.
El texto no regulará la eutanasia (acto para provocar la muerte) ni el suicidio asistido (ayuda a la muerte de una persona, como ocurrió con el tetrapléjico Ramón Sampedro) pues son figuras tipificadas en el Código Penal sobre las que no puede legislar un gobierno autonómico. Lo que sí regula es el "abanico de posibilidades" clínicas que garanticen una muerte diga y minimicen los procesos agónicos, como la limitación del esfuerzo terapéutico o el rechazo al tratamiento.
La "ley de la muerte digna", que desarrolla un derecho incluido en el Estatuto de Autonomía, recoge circunstancias como la sedación paliativa terminal y la determinación de la muerte cerebral.
Montero destacó que la norma no sólo persigue "salvaguardar la libertad y el respeto" a la voluntad de la persona, sino también "respaldar y garantizar" la labor de los profesionales sanitarios en este tipo de situaciones.
También establece la potestad del ciudadano de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida. Contempla el derecho del ciudadano a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa cuando lo precise y garantiza los cuidados paliativos integrales, que serán proporcionados, si la persona lo desea, en su domicilio siempre que no estén contraindicados.
Lamela: "No tengo por qué defender mi inocencia"
El ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela, que ayer declaró ante el juez como imputado por un delito de falsedad promovido por el doctor Luis Montes, dijo tras su comparecencia: "no tengo por qué defender mi inocencia", y aseguró no haber "dicho nada nuevo".
En las inmediaciones de los Juzgados se concentraba más de un centenar de personas para pedir la condena del ex consejero y en defensa de la sanidad pública. Entre los manifestantes, miembros de sindicatos y organizaciones como la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Madrid y la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública, se encontraba también el doctor Luis Montes (en la foto).
El ex coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés señaló que "es de justicia" que declaren las autoridades sanitarias, "igual que en 2007 tuvieron que ir al Juzgado cada quince días" tanto él como el doctor Miguel Ángel López Varas. Montes se declaró también "satisfecho" porque por primera vez "se sientan a declarar" cargos políticos "por un delito de falsedad.Estamos hartos de ver delitos de corrupción y todos salen impunes".
En los pasillos de los Juzgados, Lamela afirmó: "no he dicho nada nuevo ante el juez", por lo que ha recomendado a los periodistas "resucitar la hemeroteca".