Cataluña aprueba la primera ley de fosas que sufragará las exhumaciones

EFE BARCELONA El Parlamento catalán aprobó ayer la primera ley del Estado sobre fosas comunes, cuyo objetivo es dignificar y localizar los restos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, y que abre la puerta a que el Govern sufrague la exhumación de las fosas que autorice un comité técnico. El proyecto de ley salió adelante con los votos de los partidos que apoyan al Gobierno catalán y de CiU, mientras que votaron en contra los representantes del PPC y se abstuvieron los tres diputados del grupo mixto. La ley reconoce el derecho de los ciudadanos a obtener información sobre el destino de sus parientes desaparecidos, a dignificar y señalizar el lugar del entierro y, si corresponde, a la recuperación de sus restos.
Para que el Govern sufrague la apertura de la fosa común, deberán pedirlo primero familiares del desaparecido o bien una institución o entidad dedicada a la recuperación de la memoria histórica, luego un comité técnico deberá dar su visto bueno tras comprobar que hay pruebas documentales y en último lugar la Generalitat decidirá.
El Ejecutivo catalán ensayó el protocolo para las exhumaciones en una fosa común de Gurb (Barcelona) a finales de 2008, donde un equipo de investigadores identificó a cuatro soldados republicanos de Gavà desaparecidos durante la Guerra Civil a partir de los restos humanos hallados en la zona, un proceso que costó 60.000 euros.

Ocupación de terrenos
En este caso, la Generalitat tenía la autorización del propietario de los terrenos para abrir la fosa, pero un aspecto de la ley es que contempla aplicar una ocupación temporal con indemnización en casos en los que se deban exhumar cuerpos y el dueño de la parcela no esté de acuerdo. Aunque la Generalitat ya ha recibido 18 peticiones de información de particulares y ayuntamientos sobre posibles actuaciones una vez aprobada la ley, la mayoría están interesadas en dignificar y señalizar fosas. El Gobierno catalán ha contabilizado un total de 179 fosas comunes, pero sólo prevé la apertura de unas dos o tres cada año.
El conseller de Relaciones Institucionales, Joan Saura, lamentó el "olvido" y "menosprecio" de las víctimas republicanas durante la dictadura. Sin embargo, remarcó que no habrá "distinciones" entre víctimas por cuestiones ideológicas y reprochó la negativa del PPC a apoyar la ley.
El diputado popular Rafael López subrayó que el PPC siempre ha estado "con las víctimas", que en España "nunca se ha perdido la memoria histórica" y que fue con la mayoría absoluta del PP cuando "surgen las políticas de memoria histórica".
El Supremo rechaza el recurso de Garzón contra Manos Limpias
El Tribunal Supremo (TS) rechazó ayer el recurso del juez Baltasar Garzón contra la admisión a trámite de la querella por prevaricación que el sindicato ultraderechista Manos Limpias interpuso contra él por su actuación en el caso de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. La Sala de lo Penal lo acuerda así en un auto, en el que indica que en la argumentación del juez de la Audiencia Nacional no se aprecia argumento alguno que desvirtúe la decisión del Alto Tribunal de admitir la citada querella y recuerda que "no se inicia un proceso porque se sea responsable de un delito, sino para poder determinar con garantías si se es o no responsable".
Garzón niega haber prevaricado al declararse competente en este caso y recuerda que ni el fiscal ni los magistrados de Sala de la Audiencia Nacional cuestionaron esta decisión como "extravagante" o como constitutiva de un delito de prevaricación.
El Supremo cita una sentencia de esta Sala de octubre de 1999 que establece que "carece de todo apoyo en la Ley y en la doctrina la tesis según la cual el delito de prevaricación requeriría como condición objetiva de punibilidad o de perseguibilidad que otros jueces lo hayan denunciado".