La Ley de Extranjería castiga la inmigración ilegal pero no la acogida

EFE MADRID El Gobierno aprobó ayer un proyecto de Ley de Extranjería que castiga a quien incita y apoya la inmigración ilegal pero no al "acogimiento humanitario", y que amplía el plazo de internamiento a 60 días pero aumenta las garantías y garantiza el apoyo de las ONG. Así lo aseguró la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros, y destacó a que con este nuevo texto se pretende "pasar de una ley de extranjería a una de inmigración".
El proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración será enviado al Congreso para su tramitación parlamentaria y supone la cuarta reforma de ley de extranjería en ocho años.
El texto, que incorpora la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y transpone las directivas europeas, es "equilibrado y garantista", aseguró De la Vega.
Así, la vicepresidenta destacó que el proyecto de ley "perfecciona el sistema de flujos migratorios en función del mercado de trabajo", aumenta lucha contra la inmigración irregular y favorece la integración de los inmigrantes mediante iniciativas educativas.
También se reforma el sistema de la agrupación familiar, aplazando la de los ascendientes hasta que tengan 65 años o "existan casos humanitarios" y posibilitando la de la parejas de hecho.
Entre las novedades, cabe destacar que la nueva ley persigue la promoción de la inmigración irregular pero deja "fuera de toda duda" que no se va a perseguir la acogida humanitaria. El texto también mejora las garantías en los procedimientos de expulsión introduciendo el principio de proporcionalidad para graduar las propuestas de sanción. Además, se acotan las posibilidades de suspensión del plazo de internamiento a los supuestos de solicitud de asilo o hábeas corpus, por un tiempo tasado y se establecen los plazos máximos de suspensión.
En cuanto a los menores no acompañados, el texto prevé la celebración de una audiencia del menor en los procesos de repatriación.
Los grupos parlamentarios del PP, CiU, PNV, ERC y CC denunciaron ayer, por distintos motivos, "importantes carencias" en la propuesta del Gobierno y avisaron al PSOE de que se deben producir "cambios durante su tramitación parlamentaria" si quiere contar con su apoyo.