Detenido el portavoz del PP en Palma por posible corrupción

OTR/LEVANTE-EMV.COM La Policía Nacional ha detenido este miércoles a cinco personas por un presunto caso de corrupción en la construcción del velódromo de Palma de Mallorca. Se trata de Rafael Durán, portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital mallorquina y ex concejal de Deportes en la pasada legislatura; el ex gerente del Palma Arena, Jorge Moisés; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero; el ex director general de Deportes del Govern de Jaume Matas, José Luis Ballester; y otra persona que responde a las iniciales I.A.S.

El portavoz del PP en el Consistorio de Palma de Mallorca y otras cuatro personas han sido detenidas por los funcionarios adscritos al Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía por su presunta implicación en un caso de corrupción relacionado con el recinto deportivo Palma Arena. Durán fue arrestado en torno a las 13.00 horas de este miércoles en la misma sede de los populares en el Ayuntamiento.

Además de Durán, también has sido arrestados a lo largo de la mañana el ex gerente del Palma Arena, Jorge Moisés; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero; el ex director general de Deportes del Govern de Jaume Matas, José Luis Ballester; y otra persona que responde a las iniciales I.A.S. No obstante, fuentes de la Policía Nacional informaron de que la denominada operación Espada continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Las cinco detenciones se produjeron en el marco de registros que la policía judicial llevó a cabo en el Palma Arena y en la empresa de comunicación Nimbus, situada en el Paseo de Mallorca, 32A, donde Anticorrupción habría encontrado algunas presuntas irregularidades en la construcción de esta infraestructura impulsada e inaugurada por el anterior presidente del Ejecutivo autonómico, Jaume Matas.

La Fiscalía Anticorrupción, que dirige la operación, investiga entre otros un presunto delito de malversación de caudales públicos. Trata de averiguar el origen de los 45 millones de euros que la Unión Temporal de Empresas que construyó el velódromo (Melchor Mascaró y FCC) reclama al actual Gobierno balear, que habría que sumar a los 48 millones de euros presupuestados como coste inicial de la obra. A partir de ese momento, la Abogacía de la comunidad autónoma y los servicios jurídicos del Govern colaboraron con la Fiscalía en la transmisión de la documentación.

90,6 MILLONES DE EUROS

El pasado 14 de noviembre de 2008, el juez de instrucción número 3 de Palma, José Castro, acompañado por los fiscales anticorrupción Joan Carrau y Pedro Horrach y agentes de la policía realizaron una inspección ocular del velódromo con el fin de averiguar posibles irregularidades. En concreto, la Comisión Judicial recorrió todas las instalaciones inspeccionando las pistas, las gradas y los sótanos del Palma Arena. Ese mismo día, el conseller de Juventud y Deportes, Mateu Cañellas, aseguró que la diferencia entre el importe presupuestado y el coste final es "muy elevada", que provoca un agujero en la Conselleria "que va a impedir hacer muchas cosas".

En este sentido, Cañellas anunció a principios de la legislatura que se iba a realizar una auditoría técnica tras conocer que el coste final del Palma Arena ascendería a 90,6 millones de euros, lo que supondría un incremento del 89% respecto al precio presupuestado por Matas, situado en 47,7 millones de euros, debido a una serie de "modificaciones de estructura y en la cubierta, así como por unas obras internas en el Estadio".

Por su parte, la secretaria de la Conselleria de Juventud y Deportes, Apolonia Serra admitió que su departamento envió una auditoría a la Fiscalía con el objetivo de que investigase el sobrecoste del presupuesto del recinto deportivo después de que los servicios jurídicos del Govern lo aconsejaran. En esta auditoría, la Conselleria informó de que la cantidad exacta que se había licitado y pagado, es decir, 47,7 millones. Sin embargo, tras pagar la cantidad, la UTE reclamó al Govern un importe de 38,9 millones por una serie de obras "complementarias" que se habían realizado y que no estaban contempladas en el presupuesto inicial.

Una vez que los peritos comprobaron que parte de las obras reclamadas sí estaban bien realizadas, el actual Gobierno balear pagó a la empresa encargada de la construcción 26,9 millones de euros, por lo que sólo quedarían pendientes 12 millones de euros. La UTE también reclamaba el coste de una serie de obras de movimientos de tierras para preparar los terrenos destinados al Velódromo y las obras del párking, que ascendían a 5,5 millones de euros, de los que sólo quedan pendientes 1,3 millones de euros.

Serra explicó que su Conselleria se ha negado a pagar los 12 millones de euros reclamados por la constructora y los 1,3 millones por el movimiento de tierras y el párking al considerar estas partidas "sospechosas". Así, señaló que tanto los interventores de la Conselleria de Economía y Hacienda, como la Abogacía de la Comunidad Autónoma consideraban que estos 13,3 millones de euros reclamados por la constructora "no están licitados ni adjudicados en la contratación y, por tanto, no había fuerza jurídica que nos amparara a los nuevos responsables del Govern para pagar estos trabajos".

Por ello, indicó que tanto los técnicos de la Conselleria de Economía, como la Dirección General de la Abogacía recomendaron a la Conselleria de Deportes que "no pagara el resto del sobrecoste para poder revisar el expediente y dar parte de ello a la Fiscalía Anticorrupción". "Nos recomendaron que hasta que no se haya aclarado el origen de estos 13,3 millones de euros, no procedamos al abono total del precio final", concluyó.