IU pide que se investigue si El Pocero pagó las obras de la hípica de Bono

EFE TOLRDO Izquierda Unida pidió ayer a la Fiscalía Anticorrupción que "depure todas las responsabilidades que pueda haber en el caso Seseña" a la vista de los nuevos datos aparecidos sobre la presunta conexión de este asunto con la operación Malaya y que lo haga "con celeridad".
En una rueda de prensa celebrada en Toledo para valorar dichos datos, el coordinador regional de IU, Daniel Martínez, aseguró que "si ya teníamos en Castilla-La Mancha la mayor operación especulativa de vivienda del país", dijo en alusión a las 13.500 viviendas promovidas por Francisco Hernando El Pocero en Seseña (Toledo), "sólo nos faltaba la conexión con la operación Malaya".

Enriquecimiento del ex alcalde
La semana pasada El Mundo publicó que el ex alcalde de Seseña que adjudicó a Francisco Hernando la construcción de dichas viviendas "se hizo rico" al recibir 700.000 euros de Gianni Montaldo, un italiano que fue procesado en el caso Malaya y que está relacionado con la mafia de Calabria (Italia). Estas noticias "no son un buen ejemplo para Castilla-La Mancha", aseveró el dirigente regional de IU, quien agregó que "no entendemos que la Fiscalía Anticorrupción no haya llamado a declarar a Francisco Hernando ni se hayan investigado las obras que su empresa Onde 2000 hizo en la Hípica Almenara, propiedad de José Bono".
"Hay que saber quién pagó esas facturas", aseguró Martínez, para quien la Fiscalía Anticorrupción debería investigar la coincidencia de la aprobación de la tramitación del PAU de El Quiñón y de las obras en la hípica de Bono a cargo de una empresa de El Pocero.
A este respecto, el responsable regional de Organización de IU, José Damián García, en alusión velada al caso de los trajes del presidente valenciano Francisco Camps, manifestó que aquí se puede hablar, en lugar de trajes de lino, "de trajes de ladrillo".
Martínez recordó que "el culebrón de irregularidades y actuaciones ilícitas" para aprobar dicho PAU comenzó en noviembre de 2002, siendo alcalde de Seseña el socialista José Luis Martín, hoy imputado por la Fiscalía Anticorrupción.
Recordó también "las prisas" que caracterizaron la aprobación de este proyecto los días 6, 7 y 8 de mayo de 2003, previos al inicio de la campaña electoral de los comicios autonómicos y municipales, que supusieron la salida del gobierno municipal de Martín y la entrada de Manuel Fuentes, de IU. Así, dijo que el 6 de mayo la Comisión Provincial de Urbanismo aprobó un expediente vinculante sobre el PAU, que llegó a Seseña tan solo dos días después, el 8, fecha en que el pleno municipal aprobó dicho proyecto, al contar también con la declaración de impacto ambiental "elaborada ese mismo día en una reunión a la que asistió el alcalde de Seseña, el consejero de Urbanismo, algún director general y El Pocero, y que, por tanto, no tenía registro de entrada y salida del Ayuntamiento". Según Martínez, durante la celebración de ese pleno, al ser preguntado Martín por "esa gran irregularidad", el entonces regidor municipal contestó que "la Junta le había dado el o.k", lo que, según Izquierda Unida, demuestra que "el alcalde no estaba solo" y que "sin el apoyo del Gobierno regional, no habría Quiñón".
Como publicó Levante-EMV el 31 de mayo pasado, la compra de la Hípica Almenara le costó cerca de un millón de eurosa Bono, que obtuvo un beneficio de 943.775 euros entre los años 2005 y 2007.