CiU, ERC e ICV avisan sobre una gran crisis política si el TC falla contra el Estatuto

EFE MADRID Los grupos catalanes en el Congreso calientan motores ante la próxima decisión del Constitucional sobre el Estatut, un fallo que de suponer una "lectura regresiva" de la Carta Magna abriría, advierten, una grave crisis institucional y política que amenazaría incluso la existencia del Gobierno.
"Estamos absolutamente convencidos de la constitucionalidad del Estatut", es la frase unívoca que de entrada pronuncian los portavoces de los tres grupos catalanes en la Cámara Baja, Pere Macías (CiU), Joan Ridao (ERC) y Joan Herrera (ICV). A partir de ahí sus discursos van por caminos diferentes pero convergen en una advertencia: si la sentencia del Tribunal Constitucional es "adversa" al Estatuto catalán se abrirá una grave crisis institucional en España.
El secretario general de ERC fue más allá. A su juicio, si se produce una sentencia "negativa" que "lamine aún más el Estatut" sería "el problema político más grave del Gobierno en democracia" y podría "complicar y condicionar la existencia y la vida política de este Gobierno".
Ridao se mostró convencido de que ante este "callejón sin salida", el Gobierno catalán y "todas las fuerzas de orden catalanista" optarán por "desplegar de facto el autogobierno, prescindiendo incluso de la sentencia". Además, Ridao señaló que el TC debería estar "inhabilitado" para decidir sobre asuntos como el Estatut, ya que varios de sus miembros están pendientes de renovación.
Desde CiU señalaron que se abriría una "crisis política importante" que se "dejaría sentir" en Madrid, porque una sentencia adversa rompería "el consenso básico que permitió que se pactara entre todos la Constitución". "Esto es un problema importante. No es un problema catalán, es un problema del Estado español", remarcó Macías.
¿Habrá un conflicto institucional grave? "Por supuesto que sí", afirmó también tajante Joan Herrera, quien opinó que el Gobierno debería entonces elaborar "una nueva hoja de ruta" porque el "pacto político" entre Cataluña y el Estado que supone esta ley orgánica "se tiene que cumplir".