EFE MADRID
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La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional cree que tanto el juez Eloy Velasco -que impuso una fianza de 12.000 euros a la etarra Maite Aranalde tras ser extraditada por Francia y que posteriormente se dio a la fuga- como Baltasar Garzón, que ordenó su ingreso en prisión, actuaron de manera correcta.
Así lo consideró la Sala de Gobierno en la reunión mantenida ayer en la sede del tribunal con la que "se da por enterada" del asunto, y tras la que acordó por unanimidad que no ha lugar a incoar diligencias informativas para que sean remitidas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "sin perjuicio ni invasión" de las competencias del órgano de gobierno de los jueces.
El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, explicó a los periodistas que tanto la decisión de Velasco de imponer la fianza a Aranalde por un delito de tenencia de explosivos, como la de Garzón -instructor de la causa- de reformarla y ordenar su ingreso en prisión, "son resoluciones jurisdiccionales motivadas que responden a criterios legales de los jueces".
Juanes detalló los pasos seguidos por Velasco, que también retiró el pasaporte a la etarra y fijó comparecencias semanales, y ha recordado que la Fiscalía recurrió en un mismo auto la fianza y las medidas cautelares impuestas a Aranalde, solicitando que se le impusieran comparecencias diarias y vigilancia policial permanente.
Ese recurso -agregó- se registró en el Juzgado a las 13.40 horas del pasado viernes y Velasco dio traslado a las partes para presentar alegaciones en un plazo de tres días, tras lo que Garzón resolvió el recurso el pasado lunes sobre la una del mediodía y acordó su ingreso en prisión. Tras constatar la Policía que la etarra estaba en paradero desconocido, el juez emitió una orden de busca y captura nacional e internacional contra Aranalde.
"No ha habido ninguna anomalía en el funcionamiento del Juzgado en cuanto a la tramitación del recurso", subrayado Juanes, que insistió en que la Sala de Gobierno no es el órgano competente para enjuiciar las resoluciones de Velasco y Garzón puesto que se han dictado en el ámbito competencial del juez.
Aranalde fue extraditada la semana pasada, pero sólo para enjuiciarla por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al "comando Donosti" de ETA, y no por su presunta participación en la colocación de varias bombas en gasolineras de Madrid en el puente de la Constitución en 2004, ya que Francia había "extraviado" la documentación de esta última causa.