Gabilondo cuestiona la propuesta de Madrid de dar ´autoridad pública´ a los profesores

EFE MADRID ?
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, dijo ayer que le gustaría que la propuesta planteada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sobre una futura Ley de Autoridad del Profesorado, se inscribiera dentro de ese pacto educativo. "A mi me hubiera gustado más que esta medida se hubiera incorporado dentro del pacto social y político por la educación", junto a otras medidas que sí abordaran un asunto que merece atención, como es el respeto, el respeto al otro, el reconocimiento moral de quien enseña y dedica su vida a enseñar, añadió.
El anuncio de una ley para conceder más autoridad a los profesores centró ayer el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en el Debate sobre el estado de la Región.
La presidenta explicó que la Ley de Autoridad del Profesor concederá a "todos los funcionarios docentes de Primaria y Secundaria la condición de autoridad pública" y que las faltas que se realicen contra ellos tendrán una "consideración más grave" que en la actualidad.
Además, Aguirre explicó que situará en los equipos directivos de los centros educativos la "responsabilidad del mantenimiento el orden" en sus instalaciones, lo que compensará con una subida de retribuciones a los jefes de estudio y secretarios.

Debe incluirse en un pacto
Gabilondo insistió que es en los pactos educativos donde "deberíamos decidir que hacemos con el esfuerzo, con la exigencia, con el sentido de la autoridad" y que en esa decisión se tuviera en cuenta a los padres y a las comunidades educativas. "Que no fuera sólo una decisión política".
El ministro señaló que la iniciativa de Aguirre le parece "positiva, si tiene que ver con la idea de respeto, esfuerzo, exigencia, seriedad, convivencia", y que hay ver "cual es el alcance de esa propuesta. Concretamente, es una ley que hay que ver que competencias específicas se le quieren atribuir, como se conciben esas competencias y como se administran. Miraré con mucha atención la propuesta que se hace".
Precisó que "es complicado" desde el punto de vista administrativo, ya que los profesores son funcionarios, muchos de ellos del Estado, y las competencias en estos asuntos son complejas.
El ministro dijo que no descalifica la propuesta, que supone "esta llena de buenas intenciones" y que "debe hacerse con mucho cuidado" para ver cuales son las competencias de la Comunidad en una materia, que pudiera significar dotar de autoridad con efectos penales y que "será muy interesante ver como conciben esa ley".
En este sentido, el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, recordó que elevar a los docentes a rango de autoridad jurídico-penal es algo que compete al Estado y que si se plantea requiere su aprobación como ley orgánica.
La propia Consejería de Educación matizó mediante una nota la propuesta de la presidenta y señaló que la futura ley que el Gobierno regional va a impulsar no entrará en materia penal, ya que se trata de una competencia del Parlamento nacional, y se limitará a desarrollar la legislación para que los docentes gocen de buen trato y consideración.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya consideraba que los profesores de los centros públicos tienen la condición de autoridad a efectos penales y, en consecuencia, una agresión grave contra estos docentes puede ser calificada como delito de atentado contra la autoridad. Así lo estableció la FGE en una circular remitida en diciembre de 2008 a las Fiscalías de toda España, casi un año antes de la medida con la que Aguirre responde a las demandas de los sindicatos de Enseñanza, es el criterio que ya está aplicando con carácter general la Fiscalía en todo el territorio. En la instrucción se aconsejaba a los fiscales considerar como un delito de atentado contra la autoridad las agresiones graves contra los médicos y profesores que trabajan en centros dependientes de la Administración pública, pero no en los concertados ni privados.efe madrid