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La Ministra de Igualdad, Bibiana Aído se mostró hoy satisfecha por el dictamen del Consejo de Estado acerca de la ley del aborto y explicó que los ministerios implicados "estudian en este momento las diversas consideraciones que contiene el informe" que, según aseguró, resultan "de gran utilidad" para el Gobierno, tanto a nivel prelegislativo como para el posterior trámite parlamentario.
"El texto establece la plena constitucionalidad de la reforma planteada y avala el modelo propuesto y la plena oportunidad de la reforma de la regulación para adaptarla a la realidad actual", subrayó. En este sentido, la ministra recalcó que "se trata del mejor anteproyecto de los posibles" y anunció que el Ejecutivo espera llevar la reforma al Consejo la próxima semana.
Por otra parte, aclaró que la postura que defiende el Gobierno y el informe emitido "coinciden en lo sustancial" al manifestar que las jóvenes "tienen capacidad de decidir". Igualmente, subrayó el rigor, la profesionalidad y la seriedad del trabajo realizado por los miembros del consejo, aunque recordó que será el Parlamento "el que tenga la última palabra".
Asimismo, Aído recalcó el "intenso trabajo" llevado a cabo por su ministerio durante el último año en la elaboración del proyecto de ley propuesto "con el informe del comité de personas expertas, así con el trabajo realizado de manera paralela en el Parlamento a través de la subcomisión creada de manera específica en la comisión de Igualdad". No obstante, recordó que la necesidad de que exista "el mayor consenso posible".
El Consejo de Estado avaló ayer la constitucionalidad de la reforma de la ley de aborto promovida por el Gobierno, aunque instó al Ejecutivo a que garantice que los padres de las menores de 16 años estén informados cuando éstas se decidan a interrumpir voluntariamente el embarazo, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras de las deliberaciones.
Con este dictamen del Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno, el anteproyecto de reforma de la ley de aborto obtiene 'luz verde' para que sea elevado al Consejo de Ministros y a continuación pueda iniciarse su tramitación en las Cortes.
El dictamen sobre el texto, que no es vinculante, fue elaborado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, presidida desde el mes de mayo por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ex diputado de UCD y Alianza Popular y ponente de la Constitución Española. Este texto fue respaldado por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, compuesta por otros siete consejeros, el secretario General y el presidente del Consejo, Francisco Rubio Llorente.
El informe resultante, que no tiene carácter preceptivo, fue requerido tras la ausencia de dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que por primera vez en sus casi 30 años de historia no informará una ley propuesta por el Gobierno porque el pleno de la institución no logró consensuar una postura sobre el texto.
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