Los casos de corrupción que investiga la Fiscalía se duplican en el último año

EFE MADRID El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, destacó ayer el incremento en más de un cien por cien de las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción ante la exigencia de la sociedad de "erradicar las conductas corruptas vengan de donde vengan, sean quienes sean sus autores".
Así lo indicó el fiscal general del Estado durante su discurso en el acto de apertura del año judicial que presidió el Rey y en el que destacó que la sociedad democrática construida en 30 años de vida constitucional exige "ese esfuerzo, no siempre grato".
El fiscal general, que inició su discurso con unas palabras del presidente de Estados Unidos, Barak Obama, manifestó que sea cual sea la estrategia de defensa de las conductas corruptas "no logrará en ningún caso deslegitimar la lógica y la acción inexorable del Estado de Derecho".
Así, subrayó la lógica de una Justicia igual para todos "sin privilegios y excepciones, sin más límites que los que marca el propio ordenamiento jurídico".

Caso Gürtel
El máximo representante del ministerio público subrayó asimismo la obsolescencia del sistema procesal penal español en el que, dijo, las carencias del marco legal de garantías son más patentes a medida que la sociedad avanza.
"Fenómenos como la politización de la justicia y la judicialización de la política tienen que ver no sólo con quienes desde cualquier posición pretenden confundir ambas esferas en beneficio propio, sino con la debilidad de un sistema procesal caduco", consideró Conde-Pumpido.
Conde-Pumpido y la Fiscalía han recibido en los últimos meses duras críticas del PP a raíz del "caso Gürtel".
En su intervención, el fiscal general dijo que cuestiones como el secreto de sumario, las garantías de los imputados o el sistema de recursos no son problemas que vayan a resolverse "clamando por la imparcialidad del sistema desde posiciones de patente parcialidad".
Asimismo, Conde- Pumpido señaló que sería deseable, al hilo de la reforma del Código Penal que prepara el Ministerio de Justicia, alcanzar una definición legal del concepto de organización criminal, especialmente de las de carácter terrorista, "que ponga fin a la consideración de éstas como asociaciones ilícitas y opte clara y palmariamente por conceptuarlas como organizaciones criminales".