EFE
El Gobierno aprobó ayer la reforma del aborto, que establece el aborto libre hasta la semana 14 y sitúa en 16 la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, una decisión que fue criticada por el PP, que anunció que rechazará el proyecto en el trámite parlamentario.
El Consejo de Ministros dio el visto bueno a la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, una ley que, según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, es «sensata y ajustada a derecho».
Fernández de la Vega aseguró que «derechos, garantía, seguridad y respeto son las claves de la nueva ley», que incorpora algunos cambios respecto al anteproyecto, siguiendo recomendaciones de algunos informes preceptivos, como el del Consejo de Estado. El proyecto establece que hasta la semana 14 de gestación la mujer podrá abortar libremente, siempre que haya recibido información sobre sus derechos y las ayudas de que puede disponer para la maternidad, al menos tres días antes del aborto.
De manera excepcional, hasta la semana 22, se podrá abortar en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En ambos, la decisión deberá ir acompañada de un dictamen emitido por dos médicos distintos a los que practican la intervención.
La reforma establece también que cada autonomía tendrá al menos un Comité Clínico. En cuanto al Código Penal, la nueva ley castigará no sólo a quien practica un aborto fuera de los supuestos establecidos, sino a quien lo haga sin contar con los informes preceptivos; en un centro no autorizado, y consienta o practique un aborto más allá de las 22 semanas fuera de los supuestos extraordinarios previstos en la ley.
El Consejo de Estado había recomendado al Gobierno que dejara en manos de las mujeres menores la decisión de informar a sus familiares más directos pero que se informara a los padres salvo en caso de «grave conflicto» —aunque no explicó cómo se regularía esta excepción—. El Ejecutivo prefirió mantener su texto tal y como estaba y, en todo caso, modificar este punto en el trámite parlamentario. La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría dijo ayer que el PP está «sorprendidos» ante la negativa del Gobierno de rectificar y opinó que la reforma permite que los menores no estén «acompañados y asesorados» en un momento tan traumático como el aborto.
Oposición frontal del PP
La reforma no incluye pena de prisión para la mujer. Respecto al trámite parlamentario, la vicepresidenta mostró su voluntad de escuchar a todos los grupos para incorporar algunos de los aspectos que más han preocupado a la sociedad como la información a las menores de 18 años. La vicepresidenta incidió en que «la voluntad del Gobierno es prevenir los embarazos no deseados».
Sin embargo, el PP no es de la misma opinión, ya que, según la secretaria de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, la reforma transmitirá un mensaje equivocado a los jóvenes que «entenderán la interrupción del embarazo como un método anticonceptivo», con un resultado que incrementará el número de abortos en España. Moneo anunció que su partido presentará una enmienda a la totalidad al proyecto del aborto, principalmente, porque se permite que las mujeres de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de los padres.