La Audiencia Nacional investigará el trato a los detenidos en el caso Pretoria

EFE MADRID Los servicios judiciales investigan a medio centenar de ayuntamientos españoles en los que se podrían haber cometido delitos de corrupción, en su mayor parte debido a operaciones urbanísticas, que afectan a más de 800 personas imputadas, entre políticos, funcionarios y empresarios. Las comunidades autónomas donde se concentra el mayor número de estos delitos son Andalucía, Canarias y Madrid, que suman entre las tres más de 500 imputados por tramas de corrupción política.
La trama Gürtel, Palma Arena o Pretoria son sólo algunas de las tramas de corrupción más conocidas en nuestro país, pero no son las únicas. Además de los destapados en las últimas semanas, ya están siendo investigados en torno a medio centenar de ayuntamientos, relacionados en su mayoría con operaciones urbanísticas ilegales. El más reciente se produjo en el municipio de Santa Coloma de Gramanet, que se ha saldado con nueve detenidos, entre ellos el alcalde de la localidad, Bartomeu Muñoz.
También fue destacable la operación de corrupción en el ayuntamiento de Marbella, que supuso por primera vez en España la disolución de un consistorio y que se saldó con un total de 103 procesados. Pero en Andalucía, la comunidad con más imputados, hay otras operaciones abiertas que elevan a más de 200 el número de implicados.
Canarias ha sido otro de los principales focos de corrupción en los últimos meses, donde los imputados suman los dos centenares. En Madrid, al margen de la extensión del caso Gürtel, la comunidad se ha visto salpicada por otras operaciones, como el caso Guateque en la capital de España.otr/pressmadrid

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La Audiencia Nacional investigará el trato que recibieron los detenidos en Cataluña en la operación Pretoria al entrar en este tribunal esposados y con sus pertenencias en bolsas de plástico para ser puestos a disposición del juez el pasado viernes. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ordenó ayer la apertura de un expediente informativo para aclarar lo ocurrido y determinar las circunstancias en la que los detenidos fueron expuestos ante los medios de comunicación a las puertas del tribunal, según un comunicado de esta institución.
La decisión de esclarecer los hechos se tomó después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la consellería de Justicia se quejaran sobre la manera en que los implicados en el caso Pretoria entraron a pie por la escalinata de la Audiencia Nacional ante la presencia de los medios gráficos.
Entre los ocho arrestados el pasado martes en Cataluña, están los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz. La Audiencia Nacional recordó en su comunicado que tanto en este caso como en otros en los que los arrestados son llevados a su sede, los jueces de instrucción "no tienen competencia sobre las condiciones de su traslado y acceso al edificio hasta que acceden a su despacho para prestar declaración".

Actuación tras las críticas
Según el tribunal que preside Juanes, la investigación servirá para tomar las medidas oportunas con el fin de "evitar que en el futuro puedan repetirse situaciones similares, tal y como hasta ahora se ha venido actuando en la Audiencia Nacional, sin perjuicio de la naturaleza de los delitos y su gravedad".
Tanto la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), María Eugenia Alegret, como la consellera de Justicia, Montserrat Tura, lamentaron el sábado que se expusiera a los detenidos ante los periodistas esposados y con bolsas de plástico en lugar de que hubieran accedido al interior del edificio en el furgón policial e incluso tildaron de "trato vejatorio a los detenidos" la situación vivida a las puertas de la Audiencia Nacional.
Los otros cinco detenidos en Cataluña en el marco de esta operación son el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco; el director gerente de Servicios, Pascual Vela; el ex diputado del PSC Luis García y los empresarios Josep Singla y Luis Casamitjana.
A ellos se une Manuel Carrillo, consejero delegado de Limasa Mediterránea, empresa de servicios de limpieza que posee una delegación en Santa Coloma de Gramenet, que fue arrestado en Madrid.