El alcalde de Santa Coloma renuncia a su cargo antes de ser suspendido por el PSC

OTR PRESS BARCELONA/MADRID La Comisión ejecutiva del PSC suspendió ayer "de forma preventiva" la militancia en el partido del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el director gerente de servicios del Ayuntamiento, Pascual Vela, por su imputación en el "caso Pretoria". Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) también suspendió de militancia a Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, los dos altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol imputados en la operación y encarcelados de forma preventiva por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
El viceprimer secretario y portavoz del PSC, Miquel Iceta, lo hizo público tras la ejecutiva del partido, que se reunió de forma extraordinaria. Así daba a conocer el acuerdo de suspensión de militancia de los tres imputados de su partido, vigente hasta que se dicte sentencia.
Iceta dijo que el partido aún no ha decidido quién sustituirá a Muñoz como alcalde e indicó que antes hay que escuchar el parecer del grupo municipal.
Sin embargo, antes, el alcalde Bartomeu Muñoz y el concejal Manuel Dobarco, renunciaban a todos sus cargos en el consistorio y en el Partido Socialista. Sus abogados, Fermín Morales y Josep Riba, respectivamente, lo anunciaron después de hablar con sus defendidos. También explicaron que han presentado un recurso ante Garzón contra la orden de prisión incondicional.
A través de su letrado, Muñoz quiso dirigirse a los ciudadanos de Santa Coloma y a sus compañeros socialistas para defender su inocencia y asegurar que siempre ha trabajado al servicio de la ciudadanía y con "absoluta honestidad y dedicación".
Al portavoz socialista también se le preguntó por otros dos militantes socialistas que aparecen en la interlocutoria del juez Garzón: el ex concejal de Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres Antonio Jiménez Gómez y el gerente del Institut Català del Sòl (Incasòl), Emili Mas. Según Iceta, ni a Jiménez ni a Mas se les imputa ningún delito. Éste recalcó que si finalmente fuera así, la respuesta del partido será la misma que con Muñoz, Vela y Dobarco.

Un ex edil también abandona
Sin embargo, por la tarde se supo que el ex concejal Jiménez Gómez, a quien el juez Garzón le atribuye una estrecha relación con el cabecilla de la trama Pretoria, Luis García, se había dado de baja en el partido.
Jiménez era concejal de urbanismo en Llavaneres cuando el ayuntamiento, con alcalde del PP recalificó unos terrenos dentro de la operación Pretoria.
Precisamente Iceta, preguntado por Luis Andrés García Luigi y los negocios que mantenía con otros ayuntamientos gobernados por este partido más allá de los de Sant Andreu de Llavaneres, Badalona y Santa Coloma, dijo que "no era una persona que nos mereciera ningún tipo de confianza, ni empresarial ni política". Destacó los "problemas" que tuvo una de sus empresas y una "conexión" entre el ex diputado del PSC y dirigentes de CDC para "derrocar" a alcaldes socialistas de la comarca del Maresme, entre ellos el de Mataró.
Por su parte, CDC también formalizó de forma unánime la suspensión temporal de militancia de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Lo hacía tras el Comité Ejecutivo Ordinario de CDC, el presidente de CiU y secretario de CDC, Artur Mas, que aclaró que la suspensión temporal ha sido llevada a cabo a petición propia de los acusados en su intención de demostrar su inocencia al margen de cualquier vinculación política.
Añadió que podrán reincorporarse si así lo prueban. "De momento, es mejor que la relación con el partido sea de separación, aunque sea temporal", dijo. "Es una decisión dolorosa para mí porque con los dos tengo una relación de afecto y de amistad. Les conozco desde hace muchos años y no reniego ni me escondo de ello", dijo Mas. También señaló que tampoco ha sido una decisión fácil o agradable para otros integrantes de la formación.
Anticorrupción investiga otros tres "pelotazos" en Sant Andreu de Llavaneres
La Fiscalía de Cataluña ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción otros tres informes sobre supuestos "pelotazos" en Sant Andreu de Llavaneres, dos de ellos vinculados a empresas de los detenidos en la operación Pretoria, para que investigue su relación con la trama de la corrupción.
Esa nueva documentación se añade a la que Garzón requirió la semana pasada al ayuntamiento sobre un convenio urbanístico firmado en el año 2005 con la empresa Niesma, que preside el presunto cerebro de la trama de corrupción, Luis García.
Este convenio, con el que Niesma ganó al menos dos millones de euros por la recalificación de los terrenos de Can Riviere, fue denunciado por el grupo municipal SOS Llavaneres ante la Fiscalía de Cataluña, que acabó archivando al caso al no apreciar indicios delictivos en la operación urbanística.
La Fiscalía de Cataluña también archivó otra denuncia presentada en abril de 2007 por SOS Llavaneres sobre un convenio para la compra de una finca de interés público con el que una empresa de Badalona habría conseguido multiplicar por ocho, gracias a una recalificación municipal, los beneficios derivados de esa operación. Estas denuncias han sido ahora requeridas.
Cuatro imputados pagan las fianzas
El director de servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma, Pasqual Vela y los empresarios Lluís Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo, abonaron ayer las fianzas impuestas por el juez Garzón para eludir la prisión por su relación con la operación Pretoria. Los acusados tenían de plazo hasta la una del mediodía de para abonar las fianzas -lo que hicieron a través de avales bancarios- de 500.000 euros (Casmitjana y Singla), 100.000 (Carrillo) y 25.000 (Vela) que fijó Garzón el viernes. Vela sigue en su cargo de director gerente de servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma.