La doble corrupción de Rodrigo de Santos

Javier de Santos, condenado por malversación y abusos sexuales, es el primer político que ha conseguido que su vida pública sea tan escandalosa como su vida privada.

MATÍAS VALLÉS PALMA DE MALLORCA El artífice de la campaña electoral que recuperó la presidencia de Balears para Jaume Matas en 2003, responsable del Urbanismo de Palma de Mallorca como teniente de alcalde del PP en esa ciudad, y amigo de la ex ministra Ana Pastor a la que alojó en su casa, es un hombre deshecho a sí mismo. Su comportamiento ya sentenciado judicialmente: Más de 50 mil euros de inversión en prostíbulos homosexuales con cargo a su tarjeta de crédito municipal, abusos sexuales a niños a quienes conoció en el ámbito de la catequesis parroquial. Sus condenas: Dos años por malversación de caudales públicos, trece años y medio por abusar de menores. Su atenuante: La adicción a la cocaína, que redujo ambas condenas a la mitad. Su confesión: "He robado a los ciudadanos" pero "no he abusado de niños. Abusaron de mí cuando yo era un niño".

Al prostíbulo en coche oficial
Javier Rodrigo de Santos es también el político español que ha hecho una mayor ostentación de sus convicciones religiosas. Podría confeccionarse un álbum con sus estampas de romero, postrado ante imágenes religiosas o besándolas devotamente, por no hablar de sus vínculos con las comunidades neocatecumenales. Como gestor del urbanismo en una de las piezas más codiciadas del Mediterráneo, logró que Palma pudiera rebautizarse Ciudad Rodrigo y sobresalió por su temple inflexible.
Por la noche aparecía Mister Hyde. Para no perder tiempo, llegaba al prostíbulo gay de casa Alfredo en el coche oficial. En ocasiones lo cerraba toda la noche, según confiesa el sacerdote Jaume Santandreu, que se encontraba clausurado el lugar donde entretenía su ocio. Los gastos en la Visa oficial de Rodrigo de Santos se inscribían como facturas de lavandería, a las cuatro de la madrugada. Ningún gerente, interventor ni auditor advirtió las sumas desorbitadas ni el horario extravagante. A la mañana siguiente, el concejal del PP anunciaba orgulloso que se negaba a oficiar bodas homosexuales.
La doble corrupción de Rodrigo de Santos nos devuelve a Francisco Umbral, cuando se planteaba cómo narrar sin escándalo la verdad escandalosa. Atildado, juvenil, enérgico, impecable, padre de familia numerosa, el licenciado en Derecho y técnico superior del Estado empleó como trampolín de su carrera política la dirección regional del Insalud en Balears. Arruinó su brillante futuro por "su desordenado deseo sexual", en cita textual de la segunda sentencia en su contra, firmada por la Audiencia Provincial de Palma. A merced de ese fervor en las antípodas de su militancia religiosa, "no le suponía obstáculo o impedimento alguno" abusar de los menores en el dormitorio de sus hijos. En su descargo, el concejal del PP acusó a los adolescentes de fantasiosos, recreándose en su condición de inmigrantes de Chile.
Cuando un médico neocatecumenal bordeó la ofensa, al declarar en el juicio oral que "he oído que estos chilenos tienen otro punto de vista de las cosas", el magistrado Juan Pedro Yllanes -ponente de la sentencia- lo interrumpió y, en un apasionado alegato reforzado por sus vínculos con el país latinoamericano, recordó que "los chilenos son de la misma cultura que la nuestra". A la postre, el intento de descalificación de las víctimas por su extracción se volvió contra el político, y el fallo destaca que se aprovechó de "su marcada influencia social".
En el rol oficial de Rodrigo de Santos convergen la corrupción privada y la pública. Ya ha pasado varios meses en la cárcel a causa de los abusos. Ahora intenta retrasar la ejecución de su sentencia, mediante el recurso ante el Supremo. Su esposa era secretaria general técnica de una consejería del Govern de Matas. Propuesta como testigo de la defensa, no fue llamada al estrado, un detalle revelador que ha quedado reseñado como tal en la sentencia.

Corresponsabilidad política
Rodrigo de Santos es responsable de su comportamiento, pero su alcaldesa Catalina Cirer -concejal hoy en la oposición municipal de Palma- lo era del dinero público que su número dos desvió hacia prostíbulos homosexuales. Quienes no reaccionaron cuando se les informó sobre la conducta del responsable de Urbanismo, sobre sus adicciones y los riesgos que conllevaba, comparten la culpabilidad política aunque ignoraran que los pagos procedían de la fuente que estaban encargados de velar.
Nunca hubieran participado de unas prácticas que les horrorizan, pero confiaban en la impunidad tradicional del PP. Son los voyeurs de esta historia. De hecho, tuvieron oportunidad de contemplar el elaborado dossier que un empresario local confeccionó con las andanzas del ocupadísimo concejal.