EFE BARCELONA
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Los dos ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, encarcelados por su presunta vinculación con la trama de corrupción urbanística destapada en Cataluña, adjuntarán al recurso contra su ingreso en prisión copias de facturas para demostrar la legalidad de las comisiones que cobraron.
Según fuentes judiciales, la defensa de los dos imputados ha pedido al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso las copias de las facturas, incautadas por la Guardia Civil, correspondientes a los cobros que Alavedra y Prenafeta habrían recibido como comisión por intermediar en varias operaciones urbanísticas investigadas.
La defensa pretende adjuntar esos recibos al recurso que ha presentado ante la Audiencia Nacional para pedir la libertad provisional de Alavedra y Prenafeta, a quienes el juez Baltasar Garzón mandó a la cárcel el pasado viernes acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Para el juez, Alavedra y Prenafeta, que ocuparon altos cargos de la Generalitat en los gobiernos de Jordi Pujol, "despliegan en el grupo una actividad agotadora para conseguir voluntades en el ámbito político y público a favor de sus "clientes" o empresas a ellos vinculadas y percibiendo las cantidades correspondientes".
No obstante, en opinión de la defensa de los imputados, el cobro de esas comisiones no es delictivo y obedece a su labor de intermediación en operaciones de compraventa, por lo que es "congruente" con las reglas del mercado inmobiliario. Según mantiene el recurso, Alavedra y Prenafeta se habrían limitado a actuar en las operaciones investigadas de forma similar a los agentes de la propiedad inmobiliaria, por lo que el cobro de un porcentaje de las ganancias derivadas de la operación sería lícito.
Para tratar de demostrar ese argumento, el abogado de los imputados, Juan Córdoba, ha solicitado al juzgado una copia de las facturas por el cobro de esas comisiones.
Garzón mantiene en su auto que tanto Alavedra como Prenafeta, "aprovechándose de sus contactos institucionales", intermediaron en dos supuestos "pelotazos" urbanísticos en Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, por lo que cobraron "la suma mínima" de 637.590 euros, "no excluyéndose otras cantidades".
