De Rosa recuerda al PP que si duda del control de escuchas que lo denuncie al Constitucional

LEVANTE-EMV VALENCIA/MADRID El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, afirmó ayer en Valencia que si alguien duda de la constitucionalidad del uso del Sistema Integral de Interceptación de las Telecomunicaciones (Sitel) que lo denuncie al Tribunal Constitucional (TC). No obstante puntualizó que ni él ni el órgano al que pertenece "avala ni valora la constitucionalidad de este sistema".
De Rosa aseguró desconocer este sistema, así como los requisitos legales para su funcionamiento, pero recordó que "hasta ahora" las intervenciones telefónicas en España se han efectuado "por autorización judicial".
Concretamente, el CGPJ emitió un informe en 2004 sobre Sitel en el que exigió que en todo momento fuera la autoridad judicial la que controlara las interceptaciones, así como que no hubiera una indefinición en cuanto a quién tenía que hacerlo.
El miércoles el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, acusó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de ser el responsable de que la española sea "una sociedad vigilada" por emplear este sistema de escuchas telefónicas.
Por su parte, Rubalcaba recordó que el sistema integrado de interceptación telefónica Sitel fue contratado por el Gobierno del PP y subrayó que en España "como sabe perfectamente el PP, no hay ninguna intervención telefónica que no esté autorizada por los jueces".
En este sentido el vicepresidente del CGPJ declaró que "si alguien está dudando de la constitucionalidad del sistema lo lógico es que presente un recurso al Constitucional", para que éste determine "si este mecanismo es adecuado o no". "Que yo sepa, hasta ahora las intervenciones telefónicas que se efectúan en España son por autorización judicial. El juez pondera y valora la proporcionalidad de la medida y concede o no la misma", señaló.
Asimismo, las asociaciones de jueces y fiscales destacaron que la intervención de las comunicaciones siempre se hace previa autorización judicial, aplicando los magistrados "un grandioso sentido de la proporción y mesura" en estos casos "concretísimos".
También, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, pidió que "si alguien tiene pruebas" de que alguna persona está realizando escuchas ilegales, caiga "todo el peso de la Ley sobre él", pero que se sea "igual de duro" con los que acusan sin pruebas y extienden "sospechas sobre el Estado de Derecho" con intereses "puramente políticos y partidistas". Agregó que es "intolerable y antidemocrático extender la sospecha" sobre las instituciones del Estado.
Por su parte, el grupo parlamentario popular propone en su iniciativa presentada en el Congreso para dar cobertura legal a la interceptación de las comunicaciones que sea un juez el que autorice la aplicación de este sistema y el que concrete qué datos han de registrarse en la investigación, de modo que se destruyan los demás.
Además, la portavoz portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoció ayer que el Gobierno de José María Aznar compró el sistema Sitel, si bien no lo puso en marcha porque "no dio tiempo a que se aprobara una ley que permitiera su uso".