La Audiencia defiende a Garzón y culpa al Gobierno de traer a los piratas

EUROPA PRESS/ EFE MADRID El Gobierno asume la responsabilidad en la detención de los dos piratas que asaltaron el Alakrana y su traslado a España, según fuentes del Ministerio de Defensa que salieron al paso de las informaciones que apuntan a que hubo discrepancias a la hora de decidir si se detenía o no a los dos piratas. La decisión de la Comisión de Coordinación del Gobierno para el seguimiento del secuestro asumió "por unanimidad" la detención de dos de los piratas que asaltaron el atunero a la luz de los informes que poseía el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad). El general José Julio Rodríguez, "a la luz de los diversos informes que tenía en su haber, ordenó a la fragata "Canarias" conducirse estrictamente en ejecución de las normas de la Operación Atalanta". En aplicación de esas normas se procedió a la detención de dos de los asaltantes del atunero "en flagrante delito de piratería", señalan las mismas fuentes.
Sin embargo, el Gobierno ignoró un informe confidencial del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) que alertaba sobre los efectos perniciosos que la detención de los piratas podía tener sobre las negociaciones para liberar al Alakrana, según informa la Cadena Ser.
La comisión de coordinación está presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y de ella forman parte los ministros Miguel Ángel Moratinos; Carme Chacón y Elena Espinosa; el director general del CNI; Félix Sanz Roldán; y el Jemad.
Por su parte, la presidencia de la Audiencia Nacional, que ocupa Ángel Juanes, ha defendido que el juez Baltasar Garzón, que ordenó el traslado a España de los dos presuntos piratas somalíes detenidos el 3 de octubre por el secuestro del Alakrana, "desconocía que existiera intención de traslado de aquellos" a Kenia. Por esta razón, procedió a legalizar su situación cuando fueron detenidos por la fragata Canarias.
El Alto Tribunal destaca en un comunicado que el juez Garzón abrió la causa contra los dos piratas "en el marco de la más estricta legalidad" y "en respuesta a una denuncia presentada por la Abogacía del Estado, sin actuar de oficio".
La Presidencia añade que "ni el juez de guardia ni el juzgado instaron a organismo alguno para que las personas fueran trasladas a España, sino que cumplió con la ley al ordenar su traslado para legalizar la situación de las mismas, una vez les constó su detención".
En el comunicado también se defiende la actuación de Garzón. Para ello, señala que "ningún juez de la Audiencia Nacional ha reclamado para sí la competencia del caso, ni exigió que se presentara denuncia alguna". Por su parte, Juanes añadió que "una vez presentada la denuncia por la Abogacía del Estado, se resolvió sobre la competencia previo informe del Ministerio Fiscal".
Pedraz rechaza retirar la acusación
de asociación ilícita
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la solicitud del abogado de Abdu Willy de retirar la imputación de asociación ilícita porque ahora "no es el momento procesal oportuno. Así lo acordó el magistrado en una providencia en la que señala que ha unido la petición del letrado Francisco Javier Díaz Aparicio a las actuaciones, al entender que los hechos objeto de imputación se fijarán en el momento procesal oportuno, que será, según fuentes jurídicas, cuando se dicte auto de transformación o auto de procesamiento.
Díaz Aparicio pidió al juez que retire la imputación de asociación ilícita para que las penas a las que se enfrenta no superen los 6 años de cárcel y pueda ser expulsado al aplicarle el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería -previsto para los procesados o inculpados por delitos castigados con menos de 6 años de prisión-.