El Gobierno endurece las penas para la corrupción y los delitos sexuales

EFE MADRID El Consejo de Ministros aprobó ayer para su envío a las Cortes el proyecto de ley de Reforma del Código Penal que endurece las penas para delitos de corrupción, abusos sexuales a menores o terrorismo con el fin de "lograr un claro equilibrio entre la gravedad de la pena y el delito".
Así lo manifestó el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que destacó la inclusión en el proyecto del nuevo delito de piratería, antes no regulado, para responder ante acciones ilegales como el secuestro del atunero español Alakrana en el Océano Índico.
En este proyecto se han recogido algunas de las recomendaciones formuladas por el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en sus respectivos informes expusieron algunas críticas al proyecto. En concreto, la reforma establece una serie de medidas de control extraordinarias para terroristas y delincuentes sexuales -especialmente pederastas-, entre las que se incluye un periodo de libertad vigilada de 10 años revisable una vez que hayan cumplido su condena.
El anteproyecto que fue enviado al CGPJ contemplaba para esa libertad vigilada un periodo de 20 años y el órgano de gobierno de los jueces considero que era de "difícil justificación".

Multas a los "manteros"
Otra de las novedades de la reforma es la sustitución de la pena de cárcel para los delitos de venta de material audiovisual ilegal, el conocido como "top manta", por penas alternativas de trabajo a la comunidad.
Una de las medidas con mayor trascendencia del proyecto es la relativa a los delitos de corrupción, ya que, entre otras cosas, se contempla el delito de corrupción entre particulares y la responsabilidad de las personas jurídicas, se tipifica de manera más exhaustiva el delito de cohecho, también en el ámbito empresarial, y se aumentan las penas para delincuentes urbanísticos, que se verán privados de sus ganancias.
Tanto la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, como el titular de Justicia, Francisco Caamaño destacaron la importancia de esta reforma penal para ser "implacables" en la lucha contra la corrupción.
Además se faculta a los jueces para que ponderen la "individualidad" de las penas a imponer según cada caso, y se establecen para delitos de menor gravedad "alternativas punitivas", como trabajos en beneficio de la comunidad.