De la Vega asegura que el Gobierno ha hecho lo que debía sobre el ´Alakrana´

EFE MADRID La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer sobre el secuestro del Alakrana que el Ejecutivo ha hecho "exactamente lo que tenía que hacer: cumplir la ley" y asumió personalmente "toda" la responsabilidad en la gestión de la crisis. De la Vega, tras el Consejo de Ministros, declaró que la situación derivada del secuestro del Alakrana es "compleja", lo que ha hecho que el Gobierno, Fuerzas Armadas, diplomacia, servicios de inteligencia y jueces estén trabajando para la liberación "sin riesgos" del atunero, "siempre en el marco de la ley".
Como responsable del Comité de Coordinación, la vicepresidenta asumió "todas las responsabilidades", recalcó que todas las decisiones se han tomado por unanimidad y subrayó que "no ha habido, ni habrá discrepancias". "El Gobierno actúa de forma coordinada y sin fisuras, siempre al amparo de las leyes" naciones e internacionales, manifestó. Pidió la colaboración "a todos" porque las especulaciones "no son buenas" y "ya habrá tiempo" para enjuiciar el asunto una vez que finalice el secuestro.
Tras aclarar que los piratas son los "únicos" responsables del secuestro, afirmó que en la resolución del secuestro el Gobierno está explorando "todas las vías" y aplicando medidas para dotar a la zona de mayor seguridad.
En sus aclaraciones ante la polémica sobre la decisión sobre traer a España los dos piratas detenidos, De la Vega dijo que de acuerdo con las leyes y la jurisdicción española, los hechos se cometen en un buque español con 16 ciudadanos españoles, por lo que la Armada detuvo a los presuntos delincuentes.
El Gobierno, efectuada esa detención, como obliga la legislación vigente, comunicó estas circunstancias a las autoridades judiciales competentes, a través del Abogado del Estado, y recalcó que de repetirse un hecho igual el Ejecutivo "volvería a actuar conforme a la ley".

No se planteó la entrega a Kenia
La decisión sobre la entrega de los detenidos a las autoridades judiciales españolas fue tomada de forma unánime en el Comité de Coordinación y otra opción, como su entrega a Kenia, "no se debatió, ni estuvo sobre la mesa, ni se planteó". Ahora, agregó De la Vega, los jueces están actuando "sin que nadie haya puesto en duda el cumplimiento de la ley" y a partir de ahora el tema está en el ámbito judicial. En este sentido, dijo que comparte absolutamente el comunicado de la Audiencia Nacional en defensa de la legalidad y la actuación del juez Baltasar Garzón.
Por otra parte, el abogado del presunto pirata somalí Abdu Willy, detenido por el secuestro del atunero, cuestionó ayer que la justicia española sea competente para investigar estos hechos alegando que en el momento de la captura el barco llevaba una "ikurriña". Según si investigación de la legislación internacional, no navegaría "bajo pabellón español". Ante esto, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz preguntó al Estado Mayor de la Defensa (EMAD) si el atunero pertenece al pabellón español.
El letrado Francisco Javier Díaz Aparicio presentó ante el juez de la Audiencia Nacional un escrito de ampliación de prueba en el que solicita que se aclare qué enseña llevaba el barco secuestrado tras haber "trascendido que el pabellón enarbolado por el Alakrana era distinto al español" por enarbolar "una bandera del País Vasco".
En este sentido, recuerda que el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, firmado en Roma el 10 de marzo de 1988, establece que un Estado puede establecer su jurisdicción sobre delitos cometidos "contra un buque o a bordo de un buque que en el momento en que se cometa el delito enarbole el pabellón de este Estado".