EFE PALMA
La presidenta del Parlamento balear y de honor de Unió Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar, declaró ayer como imputada por un presunto caso de corrupción. Munar llegó a las dependencias judiciales en coche oficial y bajo fuertes medidas de seguridad y, al salir del vehículo, sonrío a los congregados, a quienes lanzó un beso.
La imagen de la presidenta del Parlamento balear entrando sola en la Audiencia fue muy distinta de la que dio el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que entró arropado por todo su equipo. Sin embargo, Munar destacó se había sentido "respaldada". "Hoy me he sentido realmente compensada, porque los míos han estado conmigo", dijo. De hecho ante las puertas de la Audiencia se congregaron, entre otros miembros de UM, su presidente, Miquel Àngel Flaquer; su portavoz, Catalina Julve; el conseller de Turismo, Miquel Nadal, y el ex conseller de este departamento Francesc Buils, junto a una veintena de personas, quienes le aplaudieron a su entrada y esperaron hasta que, a las 13.10 horas, Munar salió de la Audiencia, cuando le volvieron a aplaudir. Sin embargo, Munar se trasladó a la sede del Parlamento, donde de nuevo compareció sola ante los periodistas.
Frente a los aplausos, Munar fue recibida en el juzgado por medio centenar de personas que le abuchearon a gritos de "no más corrupción, Munar dimisión", "chorizos" y "a prisión". Entre los detractores, que también portaban pancartas con la cara de la presidenta del Parlamento y la palabra "dimisión", se congregaron Jóvenes de EU y miembros del Círculo Balear.
Munar compareció durante unas dos horas en la Audiencia de Palma ante el juez instructor del caso Can Domenge, Francisco Javier Muñoz. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Baleares investiga en calidad de aforada a la segunda autoridad de Baleares -tras el presidente balear, Francesc Antich (PSOE)- por la venta durante la legislatura pasada, cuando era presidenta del Consell de Mallorca, del terreno palmesano edificable de Can Domenge, que se vendió por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 60 millones), impulsor de la querella.
Ya en declaraciones en la Cámara autonómica afirmó que, aunque el caso de presunta corrupción en el que está imputada "se solucione", los políticos -incluyéndose a ella misma- ya tienen "la pena del telediario", pues han sido grabados entrando a declarar en los juzgados. "El hecho de tomar decisiones, de tener responsabilidades, implica en algún momento tener algún problema", añadió Munar.