EUROPA PRESS MADRID
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El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que modifica varias instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y que fija en 21 grados el máximo de la temperatura en espacios públicos en invierno y en 26 grados en verano.
Esta nueva normativa se aplicará en el interior de los edificios y locales climatizados destinados a usos administrativos, comerciales, culturales y de ocio, así como en estaciones de transporte, con el fin de reducir su consumo de energía.
El decreto surge a propuesta de los inisterios de Vivienda y de Industria, Turismo y Comercio, y tiene como objetivo elevar el ahorro energético en las grandes superficies y en los edificios públicos con afluencia habitual de un número elevado de personas.
Tanto en espacios calefactados como refrigerados, la humedad relativa deberá estar comprendida entre el 30% y el 70%. Además, con el fin de ahorrar energía, los edificios y locales con acceso desde la calle deberán disponer de un sistema de cierre de puertas que impidan que éstas permanezcan abiertas permanentemente.
El Gobierno considera que la aprobación de esta medida estimulará las iniciativas institucionales y empresariales encaminadas al ahorro y a la eficiencia energética y, además, incentivará la entrada en los mercados de las empresas de servicios energéticos.
Cines, bares y restaurantes
Entre los edificios de usos comerciales afectados por la normativa figuran supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares, mientras que entre los culturales aparecen teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y otros. Otros espacios públicos afectados serán bares, restaurantes y cafeterías.
Como parte de la estrategia de ahorro y eficiencia energética, el plan del Gobierno sobre la materia para el periodo 2008-2011 contiene 31 medidas que buscan un uso más racional de la energía, entre las que figuran la obligación de limitar las temperaturas en el interior de los edificios y locales climatizados destinados a usos administrativos, comerciales, culturales y otros.
Lucha contra el blanqueo y la financiación
del terrorismo
El Gobierno aprobó ayer un proyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que reforzará las garantías del sistema financiero para evitar que pueda ser utilizado para la financiación de fines delictivos.
Así lo anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros, y señaló que el nuevo proyecto de ley responde a la transposición en su totalidad de una Directiva europea.
Según De la Vega, una de las prioridades del Gobierno es la lucha contra el terrorismo "con todos los instrumentos del Estado de derecho", por lo que apuntó todas aquellas medidas que puedan contribuir "a cortar con las posibles fuentes de financiación". Señaló que la futura ley se inscribe en la línea asumida por los países que componen el G-20 para el fortalecimiento del sistema financiero y para erradicar los paraísos fiscales contra el blanqueo de dinero.
En el mismo sentido, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, dijo que el proyecto de ley pretende exigir "medidas especiales" a personas con responsabilidad pública y persigue "reforzar la estructura institucional". efe madrid