El juez Garzón imputa a las esposas de Alavedra y Prenafeta en el caso Pretoria

EUROPA PRESS BARCELONA El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado a 11 personas más por el caso Pretoria, además de los nueve ya imputados, y les tomará declaración entre hoy y mañana. Entre los nuevos implicados destacan la madre del ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz; las esposas de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, además de políticos y altos cargos.
A mediados de noviembre, la Guardia Civil citó a declarar a varias personas por su implicación en el caso. La Fiscalía pidió entonces a Garzón que citara a declarar como imputados a varios de ellos, lo que ayer se confirmó.
Garzón ha citado a Josefina Calvet, madre de Muñoz y esposa del último alcalde franquista de Santa Coloma; a Doris Malfeito, mujer de Alavedra; y a Lluïsa Mas, esposa de Prenafeta.
Entre los políticos figuran el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), Víctor Ros (PP), que ayer dejó temporalmente la militancia; el ex concejal de Urbanismo de de la localidad, Antoni Jiménez (PSC), quien también tuvo cargos en Santa Coloma y Montcada i Reixac, y Genís Carbó, ex director de Política Territorial en gobiernos de CiU y ex concejal de la formación en Mataró.
Hace tan sólo unos días, en el pleno del ayuntamiento de Llavaneres, el mismo Víctor Ros aseguró que estaba "tranquilo" tras saber que Garzón había pedido información sobre un convenio urbanístico que había firmado cuando era alcalde.
En el auto de prisión dictado por Garzón, el juez dice que una empresa de Carbó cobró 24.000 euros en la operación "Niesma" en Llavaneres cuando Ros era alcalde.

Altos cargos de la Generalitat
También están citados altos cargos como el gerente del Institut Català del Sòl (Incasòl), Emili Mas, de quien el Govern aceptó su renuncia y fue suspendido de militancia del PSC; el consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido, y el hasta hace poco gerente de Proyectos del Ayuntamiento de Santa Coloma, Lluís Falcón.
Garzón atribuye a Mas unas conversaciones con Muñoz, el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco y el ex director de Servicios Pasqual Vela, en la que se hablaba de la emisión de facturas para justificar el empleo de fondos europeos.
Ruiz Sabido era el contacto de Luis García, "cerebro" de la trama, en Badalona, a quien una empresa de Ruiz pagó 2,5 millones de euros para rescindir un contrato.
Falcón, supuestamente, trasladó a los responsables del proyecto Cúbics que no se podría modificar el proyecto tal y como pretendían, por lo que decidieron vender el terreno.
Garzón ha citado a un empresario, Manuel Valera, administrador de Niesma, una de las empresas vinculadas a proyectos urbanísticos en Llavaneres, vinculada también a Luis García, encarcelado.
El undécimo imputado, Phillip McMahan, vive en Andorra, por lo que Garzón ha tenido que pedir una comisión rogatoria para poderle interrogar.
Además de los imputados, Garzón ha citado para enero a diez testigos más, entre los que destacan la ex alcaldesa de Badalona Maite Arqué (PSC), el ex director general de Planificación y Recursos del Ayuntamiento de Santa Coloma Albert Gadea, y el actual gerente de la empresa pública Gramepark, Manel Sierra, compañía que es uno de los puntos clave de la investigación de Garzón.

Fianza para un ex edil
Asimismo, el juez también impuso ayer una fianza de 200.000 euros al ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco, que estaba en prisión desde el 30 de octubre. Su abogado explicó que espera reunir lo más pronto posible el dinero para salir de prisión antes de la semana que viene.
La oficina antifraude gestionará Gramepark
La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) se encargará a partir de ahora de la administración de la empresa municipal Gramepark, vinculada a una presunta trama de corrupción urbanística, por encargo del juez Garzón, que el martes remitió un oficio al director de la OAC, David Martínez Madero, para solicitarle que nombre a un administrador en Gramepark, la empresa pública de Santa Coloma encargada de gestionar obras públicas del municipio y convertida en uno de los ejes de la investigación de la "operación Pretoria". La OAC es un organismo muy reciente y pionero en el Estado autonómico.