EFE MADRID
El Pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de reforma de la Ley del Aborto, que sitúa en los 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción del embarazo y lo liberaliza hasta las 14 semanas, con 184 votos a favor, 158 en contra y una abstención.
La nueva Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo pasará al Senado para su aprobación definitiva, respaldada por PSOE; PNV; ERC-IU-ICV; BNG; Na-Bai y rechazada por PP, UPyD, UPN y CC.
En cuanto al grupo parlamentario de CIU, que tiene libertad de voto, se posicionaron en contra del proyecto siete parlamentarios -tres de CDC y cuatro de UDC-, dos votaron a favor y se registró una abstención.
Durante el debate parlamentario, en las inmediaciones del Congreso seis organizaciones contrarias al aborto se han manifestado con pancartas a favor de la vida y repartieron los denominados "Bebé Aído", réplicas de plástico de fetos de doce semanas.
La portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, declaró en su intervención que "la libre maternidad para las mujeres" se ha convertido en "un derecho" y ha dejado de ser, con este proyecto de Ley, "un permiso supeditado a la decisión de terceros".
"Legislamos el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad", enfatizó Montón, quien recordó que "hoy se cumple una histórica demanda de las mujeres feministas".
La portavoz socialista lamentó que el PP haya revivido un "debate de hace 25 años", "amenazando con la inconstitucionalidad" e intentando "conseguir la legitimidad en los tribunales que la ciudadanía no les dio en las urnas".
El portavoz del PP Santiago Cervera acusó al Gobierno de haber utilizado este asunto "controvertido" para "recuperar el control de la agenda política" en el contexto de crisis actual y "paliar sus amplias incompetencias en tantos otros ámbitos".
En la nueva ley, modificada por siete partidos, destaca la enmienda acordada entre el PSOE y el PNV para que las chicas de 16 y 17 años tengan que informar a sus padres de su decisión de abortar excepto en los casos en los que pueda suponerles "violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos".