España, Francia y EE UU apuntalan la posición de Marruecos sobre el Sáhara

JOAQUÍN ANASTASIO MADRID Aminatu Haidar ha podido finalmente regresar a su casa en El Aaiún y poner fin a 32 días de huelga de hambre en protesta por su expulsión de Marruecos el pasado 14 de noviembre. Durante este tiempo, el Gobierno español se ha visto abocado a una carrera diplomática contra reloj para impedir una situación irreversible en la salud de la activista saharaui y para frenar el riesgo de una crisis en las siempre complejas relaciones con el país vecino del sur. En la resolución del conflicto, España ha necesitado apelar a la ayuda de Francia y Estados Unidos, los dos países de mayor ascendencia sobre Marruecos y sobre el propio monarca alauí, Mohamed VI.
Revestido de una retórica humanitarista, el acuerdo, sin embargo, tiene una causa política clara que los países mediadores consiguieron finalmente hacer llegar hasta Marruecos para salvar a la activista saharaui y frenar el riesgo de una crisis en las relaciones con el país vecino del sur, consideradas prioritarias por parte española. Su actitud hacia la activista suponía para Marruecos "graves riesgos" para su imagen internacional y amenazaba con poner de nuevo sobre el tapete el conflicto de Sahara Occidental, que languidecía desde hace años en la escena internacional de forma satisfactoria para los intereses marroquíes. Como contrapartida a la "cesión" de Rabat para permitir a Haidar regresar a El Aaiún sin necesidad de que ésta se retractara, como exigía inicialmente el gobierno de Marruecos, los comunicados de España y Francia inciden, cada uno a su manera, en la legitimidad del dominio marroquí sobre territorio saharaui.

Capacidad diplomática
La clave de la resolución de la crisis, según apunta el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, que ha estado en todo momento al tanto de las gestiones diplomáticas, ha sido "la capacidad del Gobierno por involucrar a otros países y a las instancias internacionales en la búsqueda de una solución y de persuadir a Marruecos de que cada día que pasaba empeoraba su imagen en todo el mundo". Pero los mediadores también tenían claro que cualquier solución tendría que pasar por una negociación discreta y respetuosa con Marruecos.
Esa fue la razón por la que los socialistas españoles solicitaron la retirada de una moción de apoyo a Haidar que iba a votar el jueves el Parlamento Europeo, justo en el momento en que las negociaciones entre España, Francia y Marruecos, con EE UU en el fondo, para permitir el regreso de la saharaui estaban a punto de culminar. La propuesta contenía una explosiva carga para Marruecos, en la medida en que pretendía condenar la "violación flagrante de los derechos humanos" por parte de Rabat.

El Gobierno garantizó ayer que no ha hecho concesiones a Marruecos para que aceptara el regreso de Aminatu Haidar y atribuyó la resolución de este conflicto a las intensas gestiones diplomáticas realizadas. "No hemos hecho concesiones", dijo desde Bruselas el ministro Miguel Ángel Moratinos, pero la oposición no ha tardado en pedirle explicaciones sobre el caso Haidar, que además de regresar a casa ha conseguido reavivar el debate sobre el conflicto saharaui.
El jefe del Ejecutivo, Rodríguez Zapatero, garantizó ayer que el Gobierno no ha engañado "en ningún momento" sobre el caso de la activista saharaui, consideró "radicalmente absurdo y ridículo" pensarlo y defendió la actuación de su ministro de Exteriores. En Copenhague, Zapatero respondió así a las críticas recibidas desde el PP después de que el jefe de la diplomacia española dijera el jueves en el Congreso que el Gobierno marroquí le informó de la expulsión de Haidar antes de que ésta saliera de Marruecos.
Y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó que la posición española ante el conflicto del Sáhara es "la de siempre": buscar un acuerdo justo para las partes "que lleve consigo la libre autodeterminación del pueblo saharaui en el marco de las resoluciones de la ONU". De la Vega agradeció además la colaboración de Francia, EE UU, la UE y la ONU en este caso porque, aseguró, "de otra manera hubiera sido muy difícil solucionar esta situación". efe madrid