El Poder Judicial investigará los ingresos de Garzón en Nueva York

EUROPA PRESS MADRID El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará el escrito en el que dos abogados solicitan la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras salir a la luz determinada documentación que evidenciaría, indiciariamente, que el magistrado contactó con el Banco Santander para la financiación de los cursos que dirigió en la Universidad de Nueva York, entre marzo de 2005 y junio de 2006, y que, a su regreso a España, archivó una denuncia contra esta entidad. Le acusan de una falta muy grave de inobservancia del deber de abstención.
La Comisión Permanente del CGPJ acordó ayer remitir el escrito de los letrados a su órgano disciplinario, que a su vez lo remitió al Servicio de Inspección, que dispone de un mes de plazo para proponer el archivo de este asunto, la apertura de diligencias informativas (investigación) o bien solicitar directamente la incoación de un expediente disciplinario contra el magistrado, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Los dos letrados, José Luis Mazón y Antonio Panea, ejercen la acusación en una querella presentada contra el magistrado por estos hechos ante el Tribunal Supremo.
Los letrados, basan su petición ante el CGPJ en la documentación remitida el pasado lunes al alto tribunal por parte del Banco Santander relativa a los contactos celebrados entre Garzón, el presidente del Santander Emilio Botín y otros altos directivos de la entidad para la obtención de los fondos que precisaba para la organización de los cursos en el Centro Rey Juan Carlos I la Universidad de Nueva York, que los denunciantes fijan en 302.000 euros.
Según explicó esta parte, Garzón habría incurrido en una falta muy grave prevista en el artículo 417,8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por inobservancia del deber de abstención ya que, a su vuelta a España tras el permiso de estudios en Estados Unidos, archivó una querella contra directivos del Santander por la presunta apropiación de 750.000 millones de pesetas derivados de créditos recuperados de Banesto a través de la sociedad SCI Gestión.
Dicha inobservancia podría haberse cometido tanto por "amistad manifiesta" con el sujeto contra el que se dirigía la querella, Emilio Botín, como por interés directo en el pleito. De prosperar una investigación disciplinaria en este sentido, la sanción contra Garzón podría ir desde la suspensión entre 1 mes y 3 años (a partir de 6 meses perdería su plaza en la Audiencia Nacional), hasta la expulsión de la carrera judicial, pasando por el traslado forzoso.


Garzón ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo en el que pide el archivo de la causa que investiga su actuación en el caso de las desapariciones de la Guerra Civil y se queja del retraso "injustificado" en la instrucción, que considera "propia de un proceso inquisitorial" El escrito, presentado por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, cuestiona la justificación de algunas de las diligencias acordadas que "han retrasado más" el procedimiento y cuyo resultado práctico ha sido que las asociaciones querellantes, Manos Limpias y Libertad e Identidad, han obtenido los datos de centenares de víctimas del franquismo.
Sin embargo, el sindicato ultraderechista Manos Limpias emitió ayer una nota de prensa en la que niega que hayan recibido una lista completa de víctimas del franquismo, asegura que en ningún momento la han solicitado y acusan al magistrado de querer hacerse la víctima "para exonerarse de su responsabilidad". efemadrid