Vic da marcha atrás y empadronará a todos los inmigrantes sin papeles

EUROPA PRESS VIC/REUS/ALMERÍA El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), afirmó ayer que "acatará, aunque no lo comparta", el dictamen de la Abogacía del Estado que considera improcedente negar el empadronamiento a inmigrantes en situación irregular, y exigió al Gobierno más recursos para atender al colectivo. El alcalde, en rueda de prensa, reivindicó "rotundamente" que Vic no es xenófoba sino pionera en modelo de integración y que lo seguirá siendo, pero reclamó "un orden legal". Pidió al Estado que cumpla y que haga cumplir la Ley de Extranjería, también en favor de la inmigración, y que ayude económicamente y de forma directa a los ayuntamientos para atender las necesidades de los inmigrantes en situación irregular.
La conclusión que extrajo de la controversia generada es que a la sociedad le interesa hablar de inmigración, y pidió un debate más tranquilo sobre la cuestión para evitar costes sociales en el futuro.
Hace falta "orden, transparencia y hablar abiertamente de inmigración", dijo, y justificó la propuesta del Ayuntamiento como medio para fomentar la cohesión social y la plena integración. Agradeció el apoyo de los vicenses a la apuesta del equipo de gobierno -CiU, ERC y PSC- por ser "riguroso y recto", así como la defensa de Vic por parte de diversos colectivos de inmigrantes ante las críticas vertidas a la ciudad.

Limitaciones en otras ciudades
Por otra parte, la plataforma "Tots som veïns i veïnes de Reus" acusó ayer a este ayuntamiento de tarraconense de dificultar el empadronamiento de inmigrantes, desde que entró en vigor el nuevo decreto municipal. Asegura que es una verdadera "carrera de obstáculos" conseguir empadronarse. Así, citan el caso de un inmigrante que no fue empadronado porque no pudo justificar el parentesco con la persona con la que compartía piso. "El Ayuntamiento considera que para convivir se tiene que tener una relación de parentesco". Por todo ello, reclaman que el consistorio anule el actual decreto.
También el Ayuntamiento de Almería (PP-GIAL) limita el empadronamiento de personas en las diferentes viviendas de la ciudad a 12 personas como máximo con el fin de evitar posibles "pisos patera" ocupados por inmigrantes.