El Tribunal de Cuentas investigará si Aznar desvió fondos para recibir la medalla del Congreso de EE UU

EUROPA PRESS MADRID El Tribunal de Cuentas ha abierto unas diligencias de investigación dirigidas a esclarecer la gestión de un gasto de 2,3 millones de Euros aprobado por el Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003, presidido por José María Aznar, destinado a suscribir un contrato con la empresa norteamericana Piper Rudnick para gestionar la frustrada concesión al ex presidente de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos. La diligencia, dictada el pasado 3 de febrero, responde a la denuncia interpuesta por los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez y la Asociación Preeminencia del Derecho, que ya emprendieron anteriormente acciones por estos hechos tanto penales como contencioso-administrativas, si bien en ambos ámbitos las pesquisas fueron archivadas.
Ahora, el Tribunal de Cuentas abre unas diligencias preliminares y ordena dar traslado de la documentación existente sobre este asunto tanto al Ministerio Fiscal como al Abogado del Estado, a fin de que "aleguen (...) lo que a su derecho convenga" sobre este asunto. También pregunta a los denunciantes si quieren constituirse en parte en estas diligencias, "en cuyo caso deberán ejercitar la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable".
El secretario de estas diligencias pide también a los denunciantes que concreten quiénes son las personas contra las que dirigen la acción, así como los perjuicios sufridos en los fondos del Estado. Los letrados ya han anunciado su intención de personarse en las actuaciones del tribunal contable.

Un juzgado no admitió la querella
En el escrito ante el Tribunal de Cuentas, con fecha de 15 de diciembre de 2009, Mazón y Martínez expresan las pretensiones de su denuncia, que pasan por que se determine qué parte del gasto del contrato suscrito entre el Gobierno de Aznar y la empresa norteamericana se desvió para gestionar la obtención de la Medalla del Congreso.
En marzo de 2007, un juzgado de Madrid inadmitió a trámite la querella que presentaron los abogados sobre este asunto al no apreciar "existencia de indicio alguno de responsabilidad criminal", así como de "ningún" delito de malversación y de falsedad.
Según el juez, la concesión de la Medalla de Oro del Congreso americano suponía en esos momentos "un beneficio diplomático" y "una vía presencial en EE UU".