AGENCIAS MALLORCA
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El presidente del Gobierno balear, Francesc Antich, descartó ayer presentar una cuestión de confianza a su gestión en el Parlament balear, al tiempo que su ejecutivo aprobará el viernes una ley en favor de la transparencia y legalidad en la gestión de los entes públicos, y del dinero que gastan. Además, ha aprovechado esta remodelación para reducir un 50 por ciento el número de sus altos cargos y asesores y el 20 por ciento de empresas públicas.
Tras la expulsión la pasada semana de Unió Mallorquina (UM) del Ejecutivo autonómico, los nuevos consellers tomaron posesión ayer de sus cargos, momento que Antich aprovechó para desafiar al PP a que si tiene una alternativa mayoritaria, plantee una moción de censura. Con los nuevos consellers Antich ha conformado el primer Ejecutivo netamente de izquierdas de la historia de Baleares.
Antich solicitó a la oposición que realice su tradicional función de "control", pero que "deje trabajar" al Gobierno. "Por mí, no será", aseguró.
En opinión del presidente, adelantar las elecciones autonómicas crearía "más desconfianza" en los distintos sectores sociales y económicos de Baleares y en la ciudadanía.
Gobernar en minoría tras la expulsión de UM supondrá un "sobre esfuerzo de escuchar a todos", manifestó Antich, para quien solo el Govern tiene una mayoría parlamentaria estable.
Control de la corrupción
Joana Barceló asumió su nuevo cargo de consellera de Turismo y seguirá como portavoz del Ejecutivo; Pere Aguiló, de Trabajo y Formación; y Gabriel Vicens, de Medio Ambiente y Movilidad. Vicens prometió cumplir con su nueva responsabilidad "sin renunciar al derecho a la autodeterminación de las Islas Baleares", como es habitual en los altos cargos del Bloc.
Junto a esta remodelación, el Ejecutivo anunció que negociará a partir hoy con UM y PP el proyecto de Ley del Sector Público, que está previsto que esté vigente en seis meses y cuya finalidad es garantizar la transparencia y legalidad en la gestión de los entes públicos de las islas, y del dinero que emplean.
El Ejecutivo dio cuenta de esta nueva iniciativa legislativa contra la corrupción y recordó que el cien por cien de los presuntos casos de corrupción que se han conocido hasta ahora tienen como protagonistas a entes públicos, caso de Bitel, Turisme Jove, Palma Arena, Inestur o Imet. Después de la expulsión de UM del Ejecutivo por implicación de altos cargos del partido en el caso "Inestur", el Ejecutivo pretende controlar el gasto de los entes públicos y la "picaresca" en la aplicación de la Ley de Contratos, además de fijar nuevas normas de control presupuestario y de deuda pública.
De todos modos, el conseller de Economía y Hacienda, Carles Manera puntualizó que no existe ninguna ley "perfecta" que evite que un ciudadano cometa un delito por cuanto es una decisión personal y voluntaria del infractor.
