El Supremo admite una querella de Ulibarri contra Garzón

EFE El Tribunal Supremo ha admitido hoy a trámite la tercera querella contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, esta vez la de un abogado de un imputado en el "caso Gürtel" por prevaricación al ordenar la grabación de las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama.

Así lo ha acordado la sala de lo penal del Supremo en un auto, en el que indica que no existen razones suficientes "para excluir con toda certeza" la hipótesis de la existencia de los delitos de prevaricación y de otro cometido por una autoridad contra la garantía constitucional de la intimidad incluidos en la querella.

El Alto Tribunal concluye que las "hipótesis incriminatorias" planteadas por el abogado que ha presentado esta querella, Ignacio Peláez, "no parecen hasta tal punto absurdas y carentes de sentido que hayan de ser sin más desestimadas".

De esta manera rechaza los argumentos de la Fiscalía, que se opuso a la admisión de esta querella al considerar que los hechos no son constitutivos de delito y que el querellante no está legitimado para ejercer la acusación particular en este asunto.

Además, para la Fiscalía esta querella es una "maniobra procesalmente fraudulenta" con la que se pretende hurtar a los Tribunales competentes la decisión sobre la ilicitud o no de estas pruebas, lo que el Supremo niega porque cree que "lo irregular y evidentemente censurable" sería precisamente lo contrario, pretender excluir la posibilidad de un pronunciamiento sobre la existencia o no de delito.

El auto también señala que aunque los argumentos de la Fiscalía no son jurídicamente desdeñables, no se puede excluir con toda certeza la existencia de los delitos mencionados.

"Lo que no puede pretender el Ministerio Público es que este Tribunal tenga que abstenerse de investigar unos hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones penales", añade.

Según fuentes del Alto Tribunal, se trata de la primera vez que un juez se enfrenta a tres querellas.

Ignacio Peláez, ex fiscal de la Audiencia Nacional y que representa ahora al empresario José Luis Uribarri, imputado en el "caso Gürtel", se querelló contra Garzón por considerar que autorizó de forma genérica e indiscriminada la intervención de las grabaciones de cualquier letrado, siendo "perfectamente conocedor de la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo".

En la querella se recuerda que el 19 de febrero de 2009 Garzón dictó un auto secreto, que prorrogó el 20 de marzo, para ordenar la intervención de las comunicaciones que mantuvieron en prisión Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez con sus abogados, especialmente con José Antonio Rubal, también imputado en la causa.

Estas escuchas han sido avaladas por el instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, así como por la Fiscalía Anticorrupción.

El auto, notificado hoy y con fecha del pasado 2 de febrero, está firmado por el presidente de la sala de lo penal del TS, Juan Saavedra, y por los magistrados Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano y José Manuel Maza, y nombra instructor de la causa al magistrado Alberto Jorge Barreiro.

Además de ésta, en el Supremo se investigan otras dos querellas contra Garzón, una por declararse competente para investigar las desapariciones durante el franquismo y la Guerra Civil y la otra en relación con el dinero que percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York en los años 2005 y 2006.

Por la relativa a las desapariciones interpuesta por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y por Falange Española de las Jons, ya declaró como imputado en el Supremo el pasado 9 de septiembre, mientras que está pendiente de ser citado por la relativa a los cobros presentada por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea.