La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, aseguró este lunes que seguirá adelante con el desarrollo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo e insistió en que el recurso de inconstitucionalidad que presentará el martes el PP ante el Tribunal Constitucional "no paralizará el desarrollo de la ley". Asimismo, Jiménez aseveró que esta ley sobre el aborto entrará en vigor el próximo 5 de julio "como estaba previsto".
En rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado en Madrid, Jiménez señaló que "raramente" el Tribunal Constitucional decide paralizar una ley aprobada por el Congreso, al tiempo que advirtió que la norma no tolerará "ningún resquicio legal" que permita a comunidades autónomas negarse a su cumplimiento.
"No hay resquicios legales posibles, ya que las leyes se aprueban para el conjunto del territorio español y son de obligado cumplimiento para todos los gobiernos autonómicos, como se va a ver", aseguró la ministra y defendió que el objetivo de la norma es garantizar a todas las mujeres el acceso a esta prestación "por igual y con independencia del lugar donde residan".
Además, la ministra reconoció que, aunque la postura del PP en el Congreso de los Diputados es "respetable como la de cualquier otro grupo parlamentario ", "no la comparte en absoluto" ya que "es una actitud que no tiene nada que ver con la realidad que se está tratando", ya que el debate de la interrupción voluntaria del embarazo se hizo en España hace más de 20 años".
En referencia a uno de los temas polémicos, el consentimiento informado de las mujeres de 16 ó 17 años, Jiménez aseguró que éstas podrán prescindir de informar a sus padres o tutores legales cuando corran el riesgo de "sufrir violencia intrafamiliar", algo que tendrá que determinar el médico que realice la intervención, quien se podrá ayudar para ello con el informe psicológico o el de un trabajador social.
LOS CONSEJEROS DEL PP PIDEN LA RETIRADA DE LOS DECRETOS
Así, el Ministerio de Sanidad presentó a las comunidades dos reales decretos que marcan el desarrollo de la ley, uno de ellos sobre el procedimiento a seguir y sobre la garantía de calidad de prestación en las interrupciones involuntarias del embarazo, que aunque no han contado con el apoyo de las comunidades 'populares', como Madrid, Castilla y León o Comunidad Valenciana, Jiménez aseguró que pasarán a una fase de alegaciones y "seguirán el calendario previsto".
Por su parte, los consejeros de Sanidad del Partido Popular declararon que pedirán la "retirada" de los dos proyectos por considerar un "error administrativo" presentar estos decretos y no la propia norma en este consejo y ver "claros signos de inconstitucionalidad" en esta ley.
De este modo, el consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Manuel Cervera, defendió que los cambios en la ley del aborto se están haciendo "mal y con calzador" y "con claros signos de inconstitucionalidad", rompiendo "el equilibrio" entre la defensa de los derechos de la madre y el 'nasciturus' y cargando al médico con la responsabilidad de decidir sobre las menores con conflictos familiares graves".
En este sentido se manifestó el consejero de Sanidad de Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, quien se quejó también de que la parte legislativa básica de esta norma "no haya pasado por el CISNS y sí pasen los decretos, que son los que ya desarrollan la ley", lo que considera "una precipitación".
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty aseguró que estos decretos dan una responsabilidad a los profesionales sanitarios que "nada tiene que ver" con sus funciones y denunció que el Gobierno esté tomando este tipo de decisiones "sin contar" con la opinión de los responsables sanitarios.
BALEARES Y ARAGÓN SE PRONUNCIAN A FAVOR DE LA LEY
Por su parte, la consejera de Salud y Consumo de Aragón, Luisa María Noeno, aseguró que la nueva Ley del Aborto se podrá implantar en la comunidad autónoma en el mismo instante en que "entre en vigor" el Real Decreto.
Asimismo, aseguró que tendrán una fácil implantación en Aragón, ya que incluso "los profesionales médicos" han indicado que "se podrá hacer sin ningún problema" a partir de la "entrada en vigor" del decreto.
También el consejero de Salud y Consumo de Baleares, Vicenç Thomàs, apoyó los dos decretos porque considera que es "necesario" dar "pasos" para ofrecer mayor garantía de prestación de servicio y la libertad de elección.
