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Agota la última convocatoria

El TC concluye el Pleno sin lograr una sentencia

El Partido Popular interpuso hace casi cuatro años un recurso contra el Estatut que sigue sin resolverse

 14:50  

EP El Pleno del Tribunal Constitucional agotó hoy su última convocatoria de Pleno sin lograr sacar adelante la sentencia que debe resolver el recurso que interpuso hace casi cuatro años el PP contra el Estatut de Cataluña.

Tras casi cuatro horas de reunión, los diez magistrados que tienen la obligación de dictaminar sobre este asunto concluyeron su cónclave sin que por el momento haya trascendido el contenido del mismo, si se llegó a deliberar a fondo sobre el borrador de la presidenta, María Emilia Casas, o si se adoptó algún acuerdo concreto sobre la posibilidad de votar el texto artículo por artículo.

El único dato aportado de forma oficial por el gabinete de prensa del alto tribunal es que no existe aún sentencia y que los magistrados no llegaron a votar el borrador en la reunión de hoy. El Pleno no continuará esta tarde, no está previsto que se reúna mañana ni tampoco hay fecha fijada para una nueva convocatoria.

Fuentes del alto tribunal señalaron que, en principio, ninguno de los diez magistrados que deliberan sobre este asunto es contrario a ir dictaminando sobre el borrador por bloques o incluso precepto por precepto, basándose en el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que señala que "la votación, a juicio del presidente (del tribunal), podrá tener lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o parte de la decisión que haya de dictarse".

Este artículo añade que, en este caso de votación por partes, emitirá su opinión "primero el ponente y después los demás magistrados por orden inverso al de su antigüedad", mientras que quien presida los debates votará el último. Además, precisa que ""empezada la votación, no podrá interrumpirse sino en caso de fuerza mayor".

Recursos pendientes

El Pleno de hoy comenzó a celebrarse pasadas las 10.00 horas a pesar de estar aún pendientes de resolución los recursos de súplica planteados tanto por el Gobierno como por el Parlamento catalanes contra la negativa del tribunal a declararse incompetente para dictar sentencia sobre este asunto, puesto que la tramitación de estos incidentes no tiene carácter suspensivo (artículo 93.2 de la LOTC).

A este recurso se une la carta remitida anoche por la Generalitat solicitando que se anule la recusación del magistrado Pablo Pérez-Tremps (que se aprobó a instancias del PP) alegando que, ya que este magistrado sólo asesoró en los aspectos del Estatut relativos a las relaciones exteriores de la comunidad autónoma, podría estar presente en la votación relativa a los artículos que no se refieran a éste aspecto.

Las mismas fuentes señalaron que es poco probable que la carta se estudiara en el Pleno de hoy , ya que se trata de un escrito informal. No obstante, y pese a que acabe dándose la votación del borrador por partes, la petición de la Generalitat no tendría mucho sentido, puesto que las deliberaciones no tienen por qué darse en bloques temáticos, ya que podrían agruparse varios artículos sobre los que, por ejemplo, hubiera unanimidad sobre su inconstitucionalidad, con independencia de la temática de los mismos.

El pasado martes, el Tribunal Constitucional acordó dar un plazo de tres días a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía y a los siete recurrentes del Estatut de Catalunya (el PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Aragón, Murcia, La Rioja, Baleares y Valencia) para que se pronuncien sobre los recursos interpuestos sobre la cuestión de competencia.

Estos recursos plantean falta de legitimidad del tribunal por haber extinguido varios magistrados, entre ellos su presidenta, el mandato para el que fueron designados por las Cortes. Por esta razón, y pese a que no tienen carácter suspensivo, es probable que el tribunal haya optado hoy por no deliberar sobre el último borrador de la sentencia hasta haber solventado esta incidencia procesal.

El contenido de la ponencia que se traía hoy al Pleno no modifica sustancialmente el presentado hace unos meses por la magistrada del denominado 'sector progresista' de este órgano Elisa Pérez Vera, que fue tumbado por seis votos a cuatro pese a contener la anulación de varios de los preceptos de la norma catalana.

Fuentes del TC señalaron a Europa Press que el texto que presenta Casas, que es la séptima versión de sentencia que se discute, es prácticamente idéntico al de su antecesora Pérez Vera, ya podría incluir la declaración de inconstitucionalidad de unos 15 preceptos y otra veintena podrían ser sometidos a interpretación.

Formas de voto

Por ello, y en previsión de que no pudiera alcanzarse el consenso necesario, la presidenta estaría dispuesta a votar artículo por artículo con tal de lograr de una vez una sentencia antes del próximo verano, según manifestó ella misma hace un par de semanas a un grupo de periodistas.

Casas se hizo cargo de la ponencia sobre la sentencia del Estatut el pasado 19 de mayo, después de que el anterior ponente, el vicepresidente de este órgano y magistrado del "bloque conservador", Guillermo Jiménez, retirara el texto que había elaborado antes de someterlo a votación.

Ese día, y tras casi cuatro horas de debates, el Pleno del Tribunal Constitucional no llegó a votar el texto de Jiménez porque el magistrado optó por retirarlo ante la falta de apoyos mostrado por la gran mayoría de sus compañeros. Su borrador preveía la declaración de inconstitucionalidad de una veintena de preceptos y la interpretación de otros tantos, además de criticar duramente el empleo del término "nación" en el Preámbulo de la norma.

Casas asumió la nueva redacción del texto con el fin de desatascar la situación creada tras el fracaso de los intentos anteriores para lograr una sentencia sobre el Estatut. El primer borrador, el elaborado por Elisa Pérez-Vera, fue rechazado el pasado 16 de abril por seis votos contra cuatro pese a sufrir hasta cuatro modificaciones desde su redacción inicial, mientras que el segundo ni siquiera fue sometido formalmente a consideración.

La fuerte división en bloques de los diez magistrados que discuten sobre el Estatut --queda fuera Pablo Pérez-Tremps, recurrido por el PP, y hay una plaza vacante tras el fallecimiento de Roberto García Calvo--, permite pronosticar una gran dificultad para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la tortuosa evolución que el recurso del PP ha tenido en el tribunal de garantías.

Casas, junto con el vicepresidente Jiménez y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, es una de los magistrados de este órgano cuyo mandato concluyó en diciembre de 2007 sin que el Senado, a quien corresponde su renovación, haya podido alcanzar el consenso necesario para conseguirlo.

El PSOE en el Senado manifestó su voluntad de no oponerse, en principio, a tomar en consideración a los dos candidatos propuestos por el PP para renovar el órgano (Francisco Hernando y Enrique López), aunque el pasado martes la Mesa del Senado descartó al segundo por no reunir los requisitos exigidos para el cargo.

La ponencia de Pérez-Vera fue apoyada, además de por su autora, por la presidenta del Tribunal y los magistrados de tendencia progresista Eugenio Gay y Pascual Sala. En contra lo hicieron los magistrados Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata y Javier Delgado, todos ellos situados en el sector conservador del tribunal.

En un tercer bloque "ideológico" se situarían Jiménez y sus compañeros del 'sector conservador' Ramón Rodríguez Arribas y Manuel Aragón Reyes (pese a que éste último había sido colocado siempre hasta ahora en el ala progresista), que habrían colaborado estrechamente en la elaboración del borrador que fue desechado el la última reunión que el Constitucional celebró sobre el Estatut el pasado día 19.

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