El pleno del Tribunal Constitucional, que se reunió ayer para retomar sus deliberaciones sobre el Estatut de Cataluña, finalizó sobre las 14.00 horas sin que se registraran avances que permitan una próxima notificación de la sentencia.

Fuentes del tribunal informaron de que durante la reunión, que duró algo menos de cuatro horas, los magistrados examinaron además la petición de la Generalitat de Cataluña de que el magistrado Pablo Pérez Tremps, adscrito al sector progresista y recusado por el PP, pueda participar en la sentencia si ésta se vota por partes.

El Gobierno catalán justifica su petición, que llegó ayer al Constitucional, en el hecho de que Pérez Tremps fue recusado por elaborar -antes de ser elegido magistrado- un informe sobre la acción exterior y las relaciones con la Unión Europea de la Generalitat, por lo que, de votarse por bloques, podría participar en los debates sobre el resto de los artículos del Estatut.

La vuelta de Pérez Tremps a las deliberaciones posibilitaría la formación de una clara mayoría progresista, ya que su voto se sumaría a los de la primera ponente de la sentencia, Elisa Pérez Vera; la presidenta, María Emilia Casas, y los magistrados Pascual Sala, Eugeni Gay y Manuel Aragón.

La reunión de ayer, tras la que sigue sin haber sentencia, era la primera que tenía lugar para debatir monográficamente sobre el Estatut desde que, el pasado 19 de mayo, Casas asumió la ponencia de la resolución, tras la renuncia primero de Pérez Vera y luego del conservador Guillermo Jiménez.

Quince artículos dudosos

El borrador en el que Casas lleva trabajando varias semanas, con la intención de que el tribunal pudiera notificar la sentencia antes del verano y, por tanto, antes de que comience la precampaña de las elecciones autonómicas catalanas previstas para el próximo otoño.

El texto, según fuentes consultadas en el tribunal, es similar a los de Pérez Vera, a los que la presidenta siempre dio su apoyo y que en su última versión anulaba una quincena de artículos del Estatut y condicionaba la constitucionalidad de otra veintena a la interpretación que se les diera en las leyes que deben desarrollar la norma estatutaria.

Casas pretendía "suavizar" los puntos que resultaron más polémicos en las propuestas anteriores, como el referido a la inclusión del término "nación" en el preámbulo, que hizo que Manuel Aragón se negara a sumar su voto al de sus compañeros de sector, abortando así la posibilidad de aprobar la sentencia. En su empeño de que sea el actual Constitucional el que resuelva el tema, la presidenta ha planteado también la posibilidad de que se lleve a cabo una votación del texto "por bloques", ya sea capítulo a capítulo o artículo por artículo.