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El Congreso da carpetazo al caso del patrimonio de Bono

El PP baraja ahora abrir una comisión de investigación por supuesto tráfico de influencias La Mesa da luz verde a la comparecencia de Conde-Pumpido

 

EFE MADRID
La Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso se declaró ayer incompetente para indagar sobre el patrimonio del presidente de la Cámara, José Bono, aunque el PP baraja la posibilidad de proponer que se abra una comisión de investigación por supuesto tráfico de influencias. Esta comisión parlamentaria estudió el informe encargado hace varias semanas a los servicios jurídicos a fin de verificar si era competente o no para investigar los bienes de Bono, a raíz de distintas informaciones periodísticas publicadas en los últimos meses.
Tras analizar el informe, los miembros de la comisión votaron a favor de declararse no competentes y el PP se abstuvo. No obstante, el PP esgrimió un acuerdo plenario del 13 de febrero de 1990 para insistir en que la Comisión del Estatuto del Diputado está facultado para investigar asuntos de interés público relacionados con el tráfico de influencias.
Más allá de esta vía, el PP no descarta solicitar que se cree una comisión de investigación sobre este tema, hipótesis que fue criticada por el resto de grupos parlamentarios. Según explicó a los periodistas el presidente de la comisión, Francesc Vallés, Bono le entregó su declaración de bienes para que la presentara ante los diputados y "ha sido tan contundente" que incluso el PP se ha visto obligado a abstenerse a la hora de decidir la competencia o no de este órgano.
Sin embargo, la Mesa del Congreso dio luz verde a la comparecencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que explique los criterios que sigue el organismo que dirige para investigar presuntos casos de corrupción que afectan a cargos políticos, en concreto el caso de José Bono. Según fuentes parlamentarias, una vez calificada por el órgano de gobierno de la Cámara Baja esta petición del grupo del PP, será ahora la Mesa de la Comisión de Justicia la que decida qué día comparecerá Conde-Pumpido.
En la decisión no intervino el presidente del Congreso. El PP estima, tal como explicó en su momento su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, que el fiscal general del Estado ha de aclarar los criterios que sigue para decidir investigar unos presuntos casos de corrupción y no otros.

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