El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, pidió ayer que "no se inicie un debate" sobre la exhibición de crucifijos en los centros públicos de enseñanza, ya que este asunto está "resuelto" por los principios constitucionales de aconfesionalidad y de libertad de creencias religiosas. Gabilondo, eludió pronunciarse sobre la declaración de la Conferencia Episcopal Española (CEE) que pide que se mantengan los crucifijos en las escuelas porque primero quiere "leerla", pero recordó que España es un Estado "aconfesional" y remitió a la futura Ley de libertad religiosa para aclarar el debate.

La futura norma "es la ley en la que se determinará con claridad cómo debe leerse el texto de la Constitución, en la que se dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de los ciudadanos", respondió el ministro a los periodistas a la salida de su comparecencia ante la comisión de Educación y Cultura de la Eurocámara. "Hasta donde yo sé, en líneas generales, no hay crucifijos (en los centros públicos)", indicó para restar importancia a la cuestión.

Tras apuntar que prefiere "leer primero la carta" de la Comisión Permanente de la CEE, Gabilondo señaló que "la cuestión es respetar la Constitución" y recordó que España es un país "aconfesional". Insistió en "no valorar lo que significa" el texto de la Carta Magna, en su referencia a que los poderes públicos deben "tener en cuenta" las creencias religiosas, y opinó que, en cualquier caso, las dudas se resolverán "claramente" con la futura ley.

Además, el ministro pidió que "no se abra el debate" de nuevo porque, hizo hincapié, hay otros aspectos "de enorme importancia" en el plano educativo. En su declaración, los obispos españoles piden a Europa que respete "a la vez la libertad religiosa de cada uno y las tradiciones de cada pueblo y nación", ante la próxima resolución de la Corte europea sobre la exposición de símbolos religiosos en las escuelas estatales.

Prohibición "grave"

La CEE consideró "grave" que una sentencia prohíba la exhibición de símbolos religiosos, y está en contra de que se prohíba el uso del crucifijo en las escuelas publicas por ley, según dijo su portavoz y secretario general, Juan Antonio Martínez Camino tras la reunión de la Comisión Permanente de la CEE y añadió que el crucifijo no impone ninguna religión, que "no implica ninguna confesión de fe" y que el Estado, aconfesional, debe tutelar la libertad religiosa. "Eliminar símbolos es segar la hierba bajo los pies de nuestra propia cultura", dijo.

"Prohibir el crucifijo es ir en contra del crucifijo" , dijo Martínez Camino.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, opinó ayer sobre la prohibición del burka en las calles, asegurando que "una prohibición general" sólo supondría "añadir más penalización" a las mujeres que lo visten y que, a su juicio, ya "son víctimas" del burka. En un acto de presentación de una web de ayuda y prevención de la violencia de género, Aído pidió "sosiego y tranquilidad" a la hora de debatir este tema "tan complejo". "El hecho de que se aborde desde la improvisación y la demagogia, no lleva a ninguna parte, todo lo contrario, puede generar más problemas que los que se pretende solucionar", apuntó.

En este sentido, quiso puntualizar que "actualmente los conflictos que se puedan presentar por el uso del burka tienen respuesta en el ordenamiento jurídico" español y en caso de necesitar una aplicación "para posibles nuevos conflictos", ésta "debería realizarse en un clima de sosiego". Aído explicó que el "objetivo no es sólo que los burka desaparezcan de las calles, sino que las mujeres no tengan que llevarlo en la vida pública ni en la privada.

En similares términos se pronunció el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien anunció ayer que el Gobierno estudiará la moción del Senado que pide al Ejecutivo prohibir el uso del burka, aunque cree que, en los términos en los que está redactada, el actual ordenamiento jurídico ya da una "respuesta suficiente". Además, reprochó al PP por "avivar y crear un problema donde no lo hay". epmadrid/bruselas