El Consejo de Ministros aprobó ayer dos reales decretos que desarrollan parcialmente la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo que entrará en vigor el próximo 5 de julio, y en los que se establece que las menores de 16 y 17 años tendrán que informar a sus padres si quieren abortar y "acreditar" ante el médico que han cumplido con este requisito. En caso de que se alegue conflicto familiar, el médico deberá poner por escrito que su miedo está fundado, para lo que podrá pedir informes psicológicos si lo considera oportuno. En concreto, se trata de un Real Decreto de desarrollo parcial de la ley del aborto, así como otro Real Decreto que regula la calidad asistencial de esta prestación en todo el territorio.

Según explicó la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, una de las normas aprobadas "regula el deber de las jóvenes de 16 a 17 años que decidan interrumpir su embarazo, de informar a sus padres o representantes legales y acreditar esa información cuando acudan a un centro con el deseo o la intención de solicitar una interrupción de su embarazo".

Conflicto familiar

Así, el Real Decreto de desarrollo parcial de la ley establece que el procedimiento comenzará con el consentimiento de la mujer en cuestión, "que irá acompañado de un documento en el que se acredite haber informado a su representante legal que deberá acompañarla", conforme explica la referencia del Consejo de Ministros.

En los casos en que la menor alegue "circunstancias de conflicto grave" en el ámbito familiar, el médico "deberá apreciar por escrito y con la firma de la mujer que dichas alegaciones son fundadas" para lo que "podrá solicitar informe psiquiátrico, psicológico o de profesional de trabajo social".

Sin embargo, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) advirtió ayer de que la nueva Ley del Aborto es de "imposible cumplimiento", al no haber establecido el Gobierno en su desarrollo reglamentario los "mecanismos mínimos" para realizar la intervención. Los centros abortistas lamentan que el "espíritu" de la reforma legislativa se ha visto "minado" por los dos decretos aprobados en el Consejo de Ministros.

ACAI duda de que las consejerías de Sanidad de todas las comunidades consigan elaborar el contenido, editar el material y distribuir la información de carácter obligatorio que se entregará a las mujeres antes de abortar, "cuando tan sólo falta una semana para la puesta en vigor de la Ley".